La renovación urbana de más de 94 mil predios tugurizados en el país mediante su saneamiento físico-legal será posible gracias a la ley aprobada ayer por el pleno del Congreso de la República, que faculta a los gobiernos locales y regionales intervenir en el proceso de mejoramiento de las condiciones habitacionales de estos inmuebles.
La norma aprobada busca la superación de las condiciones de vida de los habitantes de viviendas tugurizadas, realizándose las acciones necesarias para mantener, mejorar y modernizar las viviendas existentes de acuerdo con las necesidades de los residentes.
Asimismo, busca la restauración y puesta en valor del patrimonio monumental urbano o de zonas monumentales a través de programas de renovación urbana.
La ley establece que el saneamiento legal es la etapa inicial a cargo de las municipalidades provinciales. Mediante este proceso, los poseedores de los predios que se ubican en las áreas de tratamiento buscarán regularizar o formalizar su propiedad, previo empadronamiento, verificación y calificación de la situación de los inmuebles y, de ser el caso, la situación de los poseedores.
Las municipalidades distritales efectuarán el empadronamiento de los predios de su jurisdicción susceptibles del proceso de saneamiento legal, previa verificación y calificación de la situación jurídica de los inmuebles y sus ocupantes.
Concluida la etapa de empadronamiento y calificación, aprobada mediante resolución de alcaldía, se remiten a la municipalidad provincial respectiva los expedientes técnicos, informes, actos administrativos y toda la documentación para el inicio del procedimiento de saneamiento legal.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento, Alfredo Cenzano, destacó que esta ley permitirá que miles de familias que habitan en viviendas en estado ruinoso puedan vivir dignamente.
En Lima, la gran mayoría de viviendas tugurizadas se encuentran ubicadas en el Cercado de Lima y en los distritos de Breña, La Victoria y Rímac.
Cenzano remarcó también que la norma permitirá que los gobiernos locales y regionales puedan promover la recuperación de centros urbanos históricos con gran potencial turístico ubicados en sus jurisdicciones, lo que atraerá inversiones que generarán empleo directo e indirecto y con ello se contribuirá al desarrollo sostenible en el país.
Andina
La norma aprobada busca la superación de las condiciones de vida de los habitantes de viviendas tugurizadas, realizándose las acciones necesarias para mantener, mejorar y modernizar las viviendas existentes de acuerdo con las necesidades de los residentes.
Asimismo, busca la restauración y puesta en valor del patrimonio monumental urbano o de zonas monumentales a través de programas de renovación urbana.
La ley establece que el saneamiento legal es la etapa inicial a cargo de las municipalidades provinciales. Mediante este proceso, los poseedores de los predios que se ubican en las áreas de tratamiento buscarán regularizar o formalizar su propiedad, previo empadronamiento, verificación y calificación de la situación de los inmuebles y, de ser el caso, la situación de los poseedores.
Las municipalidades distritales efectuarán el empadronamiento de los predios de su jurisdicción susceptibles del proceso de saneamiento legal, previa verificación y calificación de la situación jurídica de los inmuebles y sus ocupantes.
Concluida la etapa de empadronamiento y calificación, aprobada mediante resolución de alcaldía, se remiten a la municipalidad provincial respectiva los expedientes técnicos, informes, actos administrativos y toda la documentación para el inicio del procedimiento de saneamiento legal.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento, Alfredo Cenzano, destacó que esta ley permitirá que miles de familias que habitan en viviendas en estado ruinoso puedan vivir dignamente.
En Lima, la gran mayoría de viviendas tugurizadas se encuentran ubicadas en el Cercado de Lima y en los distritos de Breña, La Victoria y Rímac.
Cenzano remarcó también que la norma permitirá que los gobiernos locales y regionales puedan promover la recuperación de centros urbanos históricos con gran potencial turístico ubicados en sus jurisdicciones, lo que atraerá inversiones que generarán empleo directo e indirecto y con ello se contribuirá al desarrollo sostenible en el país.
Andina
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