El último martes debió haberse votado en la Comisión de Educación el polémico proyecto de ley que despoja al INC de sus atribuciones sobre el patrimonio histórico del país. Sospechando que podría perder la votación, el oficialismo abandonó la sesión y la dejó sin el quórum indispensable. De este modo se postergó para el próximo martes 6 de octubre la votación de una norma que ha desatado la repulsa de intelectuales y especialistas. Buscamos a uno de ellos, el arqueólogo y ex director del INC Luis Lumbreras, para conversar sobre esta desatinada iniciativa del Ejecutivo.
Por: Enrique Hulerig
El 4 de setiembre ingresó a mesa de partes del Congreso un extraño documento: el proyecto de ley 3464-2009-PE, rubricado ese mismo día por el presidente García y su premier Velásquez Quesquén. En su exposición de motivos, figuran frases alarmantes, como que las normas que regulan la protección del patrimonio cultural perjudican la inversión privada o aquella que sostiene que los bienes de nuestro patrimonio solo pueden ser declarados como tales por ley congresal, detalle este que significaría la desaparición funcional del INC, que quedaría como administrador de elencos artísticos. Conversamos con el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ex director del INC, quien hace unos días ha redactado y entregado al Congreso un manifiesto que impugna el proyecto y defiende la institucionalidad del INC.
–El martes 6 se vota en el Congreso el proyecto de ley 3464. Y si es finalmente promulgado se pondría en riesgo todo el patrimonio cultural de la nación.
–En primer lugar, hay un hecho que tendría que ser rectificado y que se refiere al DS 009-2009-ED, que quita al INC y al Estado la posibilidad de establecer si existen o no restos arqueológicos en lugares donde se vayan a realizar obras de infraestructura. Quitarle al INC la capacidad de otorgar el llamado CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) le resta al Estado toda posibilidad de actuar con seriedad en relación a su mandato constitucional de cuidado del patrimonio arqueológico. El proyecto de ley 3464 viene a ratificar esto y a darle un plazo más largo a ese tipo de procedimientos reñidos contra aquello que en el mundo se toma ya como un asunto muy serio: la protección del legado histórico. Por otro lado, el decreto supremo es, en relación a lo que el Estado había logrado legislar, una vuelta atrás.
–Dentro del paquete legislativo que el Ejecutivo ha venido impulsando está también la ley 29090, de licencias automáticas, que faculta a los inversionistas a disponer de bienes monumentales sin consulta al INC.
–Una de las cosas que el Perú había logrado era establecer que el Estado mantenga una entidad técnica con capacidad de poder llevar a ejercicio adecuado lo que la Constitución y las leyes sostienen, que el Estado está obligado a garantizar que los monumentos se cuiden y preserven en tanto son elementos de un discurso histórico que sirve a la población como testimonio de su existencia. En virtud de ello el Estado ha pedido a Unesco que varios de sus restos arqueológicos sean considerados parte del Patrimonio Mundial. Desde el siglo XIX el Estado peruano desarrolló la necesidad de impulsar un recurso técnico con capacidad de definir qué cosa es o no es un resto arqueológico, un monumento, un testimonio histórico de valor, porque antes, en los años 40, se consideraba monumento lo que cada quien creyese. Lima, que tenía cerca de 360 monumentos, ahora no tiene ni 40. Más de 300 han desaparecido como parte de esta incapacidad de decidir qué es monumento. Ya en la década del 70, con el INC y la formación de un centro de investigaciones sobre conservación y exploración, se consolidó este recurso institucional. Lo que propone ahora el Ejecutivo es que todo eso se desmantele. ¿Los congresistas van a decidir qué es monumento? Lo que van a hacer es convocar especialistas que hagan ese trabajo, reproduciendo lo que ahora le están quitando al INC. El problema es otro, que el Estado actúa de acuerdo a presiones económicas.
–¿Cree que el Congreso convoque comisiones consultivas?
–Creo que van a operar en función de determinados casos. La política va a ser “de quién”, “para quién” y “cómo” se define lo monumental. Es cierto que se debe dar prioridad a ciertas obras, pero previa evaluación, no se trata de destruir áreas monumentalizadas. El Estado debe dar facilidades a sus organismos técnicos para que laboren con la máxima celeridad y con los más altos niveles de capacidad técnica. De otro modo hay el peligro de decidir en función de intereses económicos.
–Hay una creciente desinstitucionalización de la cultura. Sin embargo anuncian un ministerio de cultura cada vez que pueden.
–Lo único que espero es que cuando se decidan a hacer ese ministerio, si es que se deciden en esta etapa final de su administración, no sea una cortina para encubrir cosas que están empezando a salir, que son graves, y que definen cómo los gobernantes actuales ven el patrimonio cultural: no les importa nada, menos aún que desaparezca en función de las coyunturas y los negocios que tienen. Es gravísimo. Yo espero que en el Congreso haya una reacción ética para defender nuestra historia. El INC ha perdido su institucionalidad, que era reconocida, además del respeto de los gremios, desde agricultores a empresarios. Cuando estuve en la dirección del INC conversé con empresarios mineros y estaban dispuestos a apoyar, incluso en medidas que favorecerían al Estado en esta tarea de cuidado del patrimonio. Hoy se avanza en dirección equivocada.
–En los últimos años se ha abandonado nociones ya afianzadas de ciudadanía y responsabilidad social empresarial.
–Es cierto, fue uno de los ajustes más importantes que se hizo a la ley de patrimonio. Los empresarios, así como los funcionarios del Estado, comenzaron a tomar en serio este tema. No alentábamos mecenazgos, que no tienen ningún sentido en estos tiempos, sino que se logró desarrollar en los empresarios un sentido de cumplimiento de obligaciones con la comunidad. Todo se ha ido al traste.
–¿Qué racionalidad cree que impulsa el proyecto de ley 3464?
–Me temo que detrás haya solo intereses. ¿Que el INC retrasa obras? Sí, retrasa. Pero ello no tendría por qué ocurrir si es que estuviera en capacidad de disponer de recursos, de vehículos, de trabajadores bien rentados que puedan desplazarse por el país.
Hay lugares como Áncash, que con 20 provincias, tiene solo 2 ó 3 personas dedicadas a la cultura. En Tumbes hay un director y una secretaria. En Cusco, gracias a Machu Picchu hay más o menos suficiente cantidad de personas, pero porque Machu Picchu es un monumento preservado que produce recursos. Eso podría reproducirse. No se está observando las cosas desde una perspectiva coherente sino desde la perspectiva de resolver situaciones relacionadas a demora de trámites. Si hay deficiencias, corrijámoslas. No se trata de eliminar las leyes de protección del patrimonio, sino de eliminar los problemas que se generan por cumplir con las obligaciones del Estado.
–¿Este panorama de precariedad en provincias no debiera haberse corregido con los enormes ingresos del Qhapaq Ñan?
–Lamentablemente no se han continuado las políticas y hoy no sé exactamente a qué se destinan los recursos por ese concepto, que, entre otras cosas, habilitaba a cada región con 2 ó 3 especialistas para apoyar las tareas de defensa del patrimonio. El proyecto, dado por iniciativa del presidente Paniagua, instituía un porcentaje de los ingresos de Machu Picchu para el funcionamiento del proyecto en todo el país. Se tenía pues la posibilidad de montar en el Perú toda una red de investigación y cuidado del patrimonio. Entiendo que los ingresos del QÑ se han incrementado, pero no sé en qué medida se ha mantenido la política de crecimiento.
–Usted ha redactado un documento, “El Estado contra la nación”, que impugna el proyecto de ley 3464, que ha entregado al Congreso.
–Si bien el objetivo de nuestro documento tiene que ver con el tema de los recursos, hay que añadirle un punto: las trabas de carácter burocrático estatal. La aplicación de la legislación del patrimonio está asociada al Ministerio de la Producción, al de Agricultura, al de Energía y Minas, al de Transportes, que son los ejecutores de gran parte de esas tareas que se paralizan o se vuelven lentas. El punto es que en el marco legal del Qhapaq Ñan ya está previsto un organismo que integra a todas estas carteras –incluso al Ministerio de Defensa–, y es a través de su ámbito que se puede planificar el cuidado del patrimonio. El problema surge cuando no existe voluntad política. Las autoridades actuales creen que la solución pasa por cambiar la ley, pero eso no solo significa retroceder sino violar la Constitución, confirmando una visión del funcionamiento del Estado completamente obsoleta, en contra de todas las convenciones internacionales que hayamos suscrito en defensa del patrimonio.
–¿Qué antecedentes hay de gobiernos que agreden su propio legado histórico?
–No muchos. En 1822 se impulsa la primera ley sobre restos arqueológicos, es decir, antes de que se promulguen las primeras constituciones ya se estaba trabajando el tema del patrimonio. En el siglo XIX era la etapa en que se estaba construyendo un poder de tendencia aristocratizante, que un poco más y vendía la Plaza de Armas a otros países. De hecho, el Museo de Berlín, el Museo del Hombre de París y otros museos comenzaron a llevarse cosas del Perú. ¡Los propios peruanos se las daban! La situación fue tan grave que algunos notables alzaron la voz y el presidente Morales Bermúdez, en 1893, reactivó la legislación sobre patrimonio, promulgando un decreto legislativo que prohibía la salida de objetos. Ello hasta 1911, cuando el director del Museo de Historia, Gutiérrez de Quintanilla, se da cuenta de que en el Cusco estaba Hiram Bingham. Logra movilizar al Estado y se reactiva el decreto de 1893, aplicándosele a Bingham obligaciones con el Estado peruano. Con Tello, socialistas e indigenistas impulsan a fines de los años 30 una serie de propuestas y se da la ley 6674, de allí todas las constituciones han supuesto que esto se debía mantener. En épocas de Belaunde y de Velasco se avanzó mucho y en 1971 se constituye el INC.
–En una entrevista reciente la directora del INC dice que la Ley 28296 “es mala” y que la deben cambiar toda.
–Eso es un completo despropósito. O habla de algo que no conoce o lo dice por razones políticas, ya que siempre hay posibilidad de hacerle a la ley cambios más drásticos en el futuro. La Ley 28296 es muy avanzada, todo un candado para prevenir abusos de poder, con puntos claves, como que crea el hecho, concordado con el artículo 21 de la Constitución, de que el sector privado empresarial y no empresarial debe intervenir financieramente en la defensa del patrimonio. También establece, y eso concertado con la ley de municipalidades, impulsar la participación del poder local en la defensa del patrimonio.
–¿Qué va a pasar con el INC si el martes se aprueba el proyecto?
–Queda como una agencia de espectáculos. Eso es, pues, lo que presentan como posible ministerio de cultura. Es la razón que guía a personas como Víctor Delfín. No me extrañaría que en un par de meses aparezca el ministerio. ¡Algún evento internacional y aparece el ministerio de cultura! El presidente García crea este tipo de ministerios para eso. El ejemplo más evidente es el Ministerio del Ambiente, que no tenía personal, local ni presupuesto.
PERFIL
• Nombre: Luis Guillermo Lumbreras Salcedo
• Edad: 73 años
• Estudios: Doctor en Letras, especialidad de Etnología y Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• Cargos: Profesor visitante en universidades de Europa y Latinoamérica, director del Museo Nacional de Arqueología y Antropología (1973), presidente del Museo de la Nación (1990), Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (1994), Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura (2002).
• Publicaciones: Ha escrito más de 20 libros, entre los que destacan: “De los pueblos, las culturas y las artes del antiguo Perú” (1969), “La arqueología como ciencia social” (1974), “Las fundaciones de Huamanga; hacia la prehistoria de Ayacucho” (1975), “Arqueología de la América andina” (1981) y “Violencia y mentalidad colonial en el Perú” (2006).
• Distinciones: Premio Nacional de Cultura (Perú, 1970), Premio Humboldt a la Investigación Científica en Prehistoria (Alemania, 1970) y Premio Nacional a la Investigación Científica (Perú, 1996).
Por: Enrique Hulerig
El 4 de setiembre ingresó a mesa de partes del Congreso un extraño documento: el proyecto de ley 3464-2009-PE, rubricado ese mismo día por el presidente García y su premier Velásquez Quesquén. En su exposición de motivos, figuran frases alarmantes, como que las normas que regulan la protección del patrimonio cultural perjudican la inversión privada o aquella que sostiene que los bienes de nuestro patrimonio solo pueden ser declarados como tales por ley congresal, detalle este que significaría la desaparición funcional del INC, que quedaría como administrador de elencos artísticos. Conversamos con el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ex director del INC, quien hace unos días ha redactado y entregado al Congreso un manifiesto que impugna el proyecto y defiende la institucionalidad del INC.
–El martes 6 se vota en el Congreso el proyecto de ley 3464. Y si es finalmente promulgado se pondría en riesgo todo el patrimonio cultural de la nación.
–En primer lugar, hay un hecho que tendría que ser rectificado y que se refiere al DS 009-2009-ED, que quita al INC y al Estado la posibilidad de establecer si existen o no restos arqueológicos en lugares donde se vayan a realizar obras de infraestructura. Quitarle al INC la capacidad de otorgar el llamado CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) le resta al Estado toda posibilidad de actuar con seriedad en relación a su mandato constitucional de cuidado del patrimonio arqueológico. El proyecto de ley 3464 viene a ratificar esto y a darle un plazo más largo a ese tipo de procedimientos reñidos contra aquello que en el mundo se toma ya como un asunto muy serio: la protección del legado histórico. Por otro lado, el decreto supremo es, en relación a lo que el Estado había logrado legislar, una vuelta atrás.
–Dentro del paquete legislativo que el Ejecutivo ha venido impulsando está también la ley 29090, de licencias automáticas, que faculta a los inversionistas a disponer de bienes monumentales sin consulta al INC.
–Una de las cosas que el Perú había logrado era establecer que el Estado mantenga una entidad técnica con capacidad de poder llevar a ejercicio adecuado lo que la Constitución y las leyes sostienen, que el Estado está obligado a garantizar que los monumentos se cuiden y preserven en tanto son elementos de un discurso histórico que sirve a la población como testimonio de su existencia. En virtud de ello el Estado ha pedido a Unesco que varios de sus restos arqueológicos sean considerados parte del Patrimonio Mundial. Desde el siglo XIX el Estado peruano desarrolló la necesidad de impulsar un recurso técnico con capacidad de definir qué cosa es o no es un resto arqueológico, un monumento, un testimonio histórico de valor, porque antes, en los años 40, se consideraba monumento lo que cada quien creyese. Lima, que tenía cerca de 360 monumentos, ahora no tiene ni 40. Más de 300 han desaparecido como parte de esta incapacidad de decidir qué es monumento. Ya en la década del 70, con el INC y la formación de un centro de investigaciones sobre conservación y exploración, se consolidó este recurso institucional. Lo que propone ahora el Ejecutivo es que todo eso se desmantele. ¿Los congresistas van a decidir qué es monumento? Lo que van a hacer es convocar especialistas que hagan ese trabajo, reproduciendo lo que ahora le están quitando al INC. El problema es otro, que el Estado actúa de acuerdo a presiones económicas.
–¿Cree que el Congreso convoque comisiones consultivas?
–Creo que van a operar en función de determinados casos. La política va a ser “de quién”, “para quién” y “cómo” se define lo monumental. Es cierto que se debe dar prioridad a ciertas obras, pero previa evaluación, no se trata de destruir áreas monumentalizadas. El Estado debe dar facilidades a sus organismos técnicos para que laboren con la máxima celeridad y con los más altos niveles de capacidad técnica. De otro modo hay el peligro de decidir en función de intereses económicos.
–Hay una creciente desinstitucionalización de la cultura. Sin embargo anuncian un ministerio de cultura cada vez que pueden.
–Lo único que espero es que cuando se decidan a hacer ese ministerio, si es que se deciden en esta etapa final de su administración, no sea una cortina para encubrir cosas que están empezando a salir, que son graves, y que definen cómo los gobernantes actuales ven el patrimonio cultural: no les importa nada, menos aún que desaparezca en función de las coyunturas y los negocios que tienen. Es gravísimo. Yo espero que en el Congreso haya una reacción ética para defender nuestra historia. El INC ha perdido su institucionalidad, que era reconocida, además del respeto de los gremios, desde agricultores a empresarios. Cuando estuve en la dirección del INC conversé con empresarios mineros y estaban dispuestos a apoyar, incluso en medidas que favorecerían al Estado en esta tarea de cuidado del patrimonio. Hoy se avanza en dirección equivocada.
–En los últimos años se ha abandonado nociones ya afianzadas de ciudadanía y responsabilidad social empresarial.
–Es cierto, fue uno de los ajustes más importantes que se hizo a la ley de patrimonio. Los empresarios, así como los funcionarios del Estado, comenzaron a tomar en serio este tema. No alentábamos mecenazgos, que no tienen ningún sentido en estos tiempos, sino que se logró desarrollar en los empresarios un sentido de cumplimiento de obligaciones con la comunidad. Todo se ha ido al traste.
–¿Qué racionalidad cree que impulsa el proyecto de ley 3464?
–Me temo que detrás haya solo intereses. ¿Que el INC retrasa obras? Sí, retrasa. Pero ello no tendría por qué ocurrir si es que estuviera en capacidad de disponer de recursos, de vehículos, de trabajadores bien rentados que puedan desplazarse por el país.
Hay lugares como Áncash, que con 20 provincias, tiene solo 2 ó 3 personas dedicadas a la cultura. En Tumbes hay un director y una secretaria. En Cusco, gracias a Machu Picchu hay más o menos suficiente cantidad de personas, pero porque Machu Picchu es un monumento preservado que produce recursos. Eso podría reproducirse. No se está observando las cosas desde una perspectiva coherente sino desde la perspectiva de resolver situaciones relacionadas a demora de trámites. Si hay deficiencias, corrijámoslas. No se trata de eliminar las leyes de protección del patrimonio, sino de eliminar los problemas que se generan por cumplir con las obligaciones del Estado.
–¿Este panorama de precariedad en provincias no debiera haberse corregido con los enormes ingresos del Qhapaq Ñan?
–Lamentablemente no se han continuado las políticas y hoy no sé exactamente a qué se destinan los recursos por ese concepto, que, entre otras cosas, habilitaba a cada región con 2 ó 3 especialistas para apoyar las tareas de defensa del patrimonio. El proyecto, dado por iniciativa del presidente Paniagua, instituía un porcentaje de los ingresos de Machu Picchu para el funcionamiento del proyecto en todo el país. Se tenía pues la posibilidad de montar en el Perú toda una red de investigación y cuidado del patrimonio. Entiendo que los ingresos del QÑ se han incrementado, pero no sé en qué medida se ha mantenido la política de crecimiento.
–Usted ha redactado un documento, “El Estado contra la nación”, que impugna el proyecto de ley 3464, que ha entregado al Congreso.
–Si bien el objetivo de nuestro documento tiene que ver con el tema de los recursos, hay que añadirle un punto: las trabas de carácter burocrático estatal. La aplicación de la legislación del patrimonio está asociada al Ministerio de la Producción, al de Agricultura, al de Energía y Minas, al de Transportes, que son los ejecutores de gran parte de esas tareas que se paralizan o se vuelven lentas. El punto es que en el marco legal del Qhapaq Ñan ya está previsto un organismo que integra a todas estas carteras –incluso al Ministerio de Defensa–, y es a través de su ámbito que se puede planificar el cuidado del patrimonio. El problema surge cuando no existe voluntad política. Las autoridades actuales creen que la solución pasa por cambiar la ley, pero eso no solo significa retroceder sino violar la Constitución, confirmando una visión del funcionamiento del Estado completamente obsoleta, en contra de todas las convenciones internacionales que hayamos suscrito en defensa del patrimonio.
–¿Qué antecedentes hay de gobiernos que agreden su propio legado histórico?
–No muchos. En 1822 se impulsa la primera ley sobre restos arqueológicos, es decir, antes de que se promulguen las primeras constituciones ya se estaba trabajando el tema del patrimonio. En el siglo XIX era la etapa en que se estaba construyendo un poder de tendencia aristocratizante, que un poco más y vendía la Plaza de Armas a otros países. De hecho, el Museo de Berlín, el Museo del Hombre de París y otros museos comenzaron a llevarse cosas del Perú. ¡Los propios peruanos se las daban! La situación fue tan grave que algunos notables alzaron la voz y el presidente Morales Bermúdez, en 1893, reactivó la legislación sobre patrimonio, promulgando un decreto legislativo que prohibía la salida de objetos. Ello hasta 1911, cuando el director del Museo de Historia, Gutiérrez de Quintanilla, se da cuenta de que en el Cusco estaba Hiram Bingham. Logra movilizar al Estado y se reactiva el decreto de 1893, aplicándosele a Bingham obligaciones con el Estado peruano. Con Tello, socialistas e indigenistas impulsan a fines de los años 30 una serie de propuestas y se da la ley 6674, de allí todas las constituciones han supuesto que esto se debía mantener. En épocas de Belaunde y de Velasco se avanzó mucho y en 1971 se constituye el INC.
–En una entrevista reciente la directora del INC dice que la Ley 28296 “es mala” y que la deben cambiar toda.
–Eso es un completo despropósito. O habla de algo que no conoce o lo dice por razones políticas, ya que siempre hay posibilidad de hacerle a la ley cambios más drásticos en el futuro. La Ley 28296 es muy avanzada, todo un candado para prevenir abusos de poder, con puntos claves, como que crea el hecho, concordado con el artículo 21 de la Constitución, de que el sector privado empresarial y no empresarial debe intervenir financieramente en la defensa del patrimonio. También establece, y eso concertado con la ley de municipalidades, impulsar la participación del poder local en la defensa del patrimonio.
–¿Qué va a pasar con el INC si el martes se aprueba el proyecto?
–Queda como una agencia de espectáculos. Eso es, pues, lo que presentan como posible ministerio de cultura. Es la razón que guía a personas como Víctor Delfín. No me extrañaría que en un par de meses aparezca el ministerio. ¡Algún evento internacional y aparece el ministerio de cultura! El presidente García crea este tipo de ministerios para eso. El ejemplo más evidente es el Ministerio del Ambiente, que no tenía personal, local ni presupuesto.
PERFIL
• Nombre: Luis Guillermo Lumbreras Salcedo
• Edad: 73 años
• Estudios: Doctor en Letras, especialidad de Etnología y Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• Cargos: Profesor visitante en universidades de Europa y Latinoamérica, director del Museo Nacional de Arqueología y Antropología (1973), presidente del Museo de la Nación (1990), Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (1994), Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura (2002).
• Publicaciones: Ha escrito más de 20 libros, entre los que destacan: “De los pueblos, las culturas y las artes del antiguo Perú” (1969), “La arqueología como ciencia social” (1974), “Las fundaciones de Huamanga; hacia la prehistoria de Ayacucho” (1975), “Arqueología de la América andina” (1981) y “Violencia y mentalidad colonial en el Perú” (2006).
• Distinciones: Premio Nacional de Cultura (Perú, 1970), Premio Humboldt a la Investigación Científica en Prehistoria (Alemania, 1970) y Premio Nacional a la Investigación Científica (Perú, 1996).
La República
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