La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló hoy que los funcionarios públicos deben guardar “el principio de neutralidad” durante la campaña de las elecciones ediles y regionales del próximo 3 de octubre, a fin de dar igualdad de condiciones a los postulantes.
“En el principio de neutralidad, los funcionarios públicos están obligados a que no pueden utilizar su posición en el Estado para favorecer o perjudicar a un determinado candidato”, dijo al garantizar que la Defensoría se encargará de supervisar su cumplimiento.
Según explicó, la institución tiene 38 oficinas a nivel nacional, y usualmente solo desplegaba personal el mismo día de los comicios para verificar el cumplimiento de las normas electoral y el correcto desarrollo del proceso electivo.
Agregó, sin embargo, que en las elecciones de octubre próximo se centrarán en la difusión de las normas sobre neutralidad, y en recoger cualquier denunciar pública que haya sobre violaciones a ese principio.
“En este proceso se elegirá a 12 mil 498 posiciones. Por ello el funcionario debe ser neutral, en primer lugar, por el principio de igualdad en la contienda electoral para que puedan desarrollar sus campañas”, precisó.
Como segundo punto, rechazó cualquier aprovechamiento del cargo por parte de un funcionario que postula a una reelección porque ese puesto público le da “visibilidad con dinero de los contribuyentes y del presupuesto nacional”.
“En tercer lugar, no puede usarse la reputación o el prestigio que pueda dar la posición de autoridad para influenciar en la población. “Finalmente, no puede haber un aprovechamiento de los recursos del Estado”, subrayó.
La titular de la Defensoría también recordó que existe una norma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que prohíbe la publicidad estatal desde la fecha de la convocatoria de los comicios, hasta que culmine los procesos electorales, tanto regionales y municipales.
Por lo pronto, Merino anunció que el 5 de abril se reunirá con Eliana Revollar, jefa de la Oficina Defensorial de Lima, para evaluar el trabajo de supervisión de las denuncias ciudadanas sobre la difusión de propaganda política en obras públicas.
“Vamos a fijar rápidamente una supervisión con nuestro personal, y vamos a hacer un pronunciamiento y las recomendaciones que normalmente hacemos cuando se viola las normas en general, y en este caso, las que ha establecido el JNE”, aseveró.
En el caso de detectar alguna violación a la neutralidad, adelantó que serán puestas estas denuncias en conocimiento de las autoridades del sistema electoral y del Ministerio Público, si existieran indicios de la comisión de un delito.
La defensora del Pueblo formuló estas declaraciones tras presentar el informe defensorial 149 La Electrificación Rural en el Perú: Derechos y Desarrollo para Todos, en un céntrico hotel del distrito de Miraflores.
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