La Federación Internacional de derechos humanos (FIDH) actualizó su informe sobre el caso Bagua y reiteró que el estado peruano debe suspender todas las concesiones petroleras y mineras que hayan sido otorgadas sin los debidos procesos de consulta a los pueblos indígenas.
En su informe de seguimiento, la FIDH reconoce los avances y logros alcanzados, especialmente respecto a los acuerdos obtenidos en consenso por las Mesas de Diálogo 2, 3 y 4; pero al mismo tiempo señala que el informe oficial sobre los sucesos de Bagua, publicado en diciembre de 2009, carece de objetividad, exhaustividad e imparcialidad, por lo que obstaculiza el diálogo.
La FIDH también lamentó que continúe el hostigamiento a los dirigentes de la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) como Alberto Pizango (presidente), Daysi Zapata, (vicepresidenta) y Bladimiro Tapayuri, coordinador de la mesa Nº 214, contra quienes se ha abierto procesos judiciales.
En tal sentido, recomendó que el estado peruano, en concertación con los pueblos indígenas, emita una legislación consagrando el derecho de consulta y que éste sea vinculante y exigible judicialmente.
También pidió avanzar con una investigación judicial verdaderamente independiente por la vía civil -no militar- que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los 33 muertos y 200 heridos y de la desaparición del mayor Felipe Bazán, garantizando los derechos de las víctimas así como el debido proceso.
Con información de "La Primera"
En su informe de seguimiento, la FIDH reconoce los avances y logros alcanzados, especialmente respecto a los acuerdos obtenidos en consenso por las Mesas de Diálogo 2, 3 y 4; pero al mismo tiempo señala que el informe oficial sobre los sucesos de Bagua, publicado en diciembre de 2009, carece de objetividad, exhaustividad e imparcialidad, por lo que obstaculiza el diálogo.
La FIDH también lamentó que continúe el hostigamiento a los dirigentes de la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) como Alberto Pizango (presidente), Daysi Zapata, (vicepresidenta) y Bladimiro Tapayuri, coordinador de la mesa Nº 214, contra quienes se ha abierto procesos judiciales.
En tal sentido, recomendó que el estado peruano, en concertación con los pueblos indígenas, emita una legislación consagrando el derecho de consulta y que éste sea vinculante y exigible judicialmente.
También pidió avanzar con una investigación judicial verdaderamente independiente por la vía civil -no militar- que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los 33 muertos y 200 heridos y de la desaparición del mayor Felipe Bazán, garantizando los derechos de las víctimas así como el debido proceso.
Con información de "La Primera"
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