La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió ayer la denuncia constitucional presentada por la bancada nacionalista contra el congresista tránsfuga Álvaro Gutiérrez por los presuntos delitos de peculado, omisión al consignar declaraciones en documentos y falsedad genérica.
La votación fue unánime, pese a que el presidente del grupo de trabajo, Aldo Estrada, porfió para que sea aprobado su informe en minoría que recomendaba archivar la denuncia contra Gutiérrez.
Hasta el último momento, Estrada y los congresistas apristas quisieron frustrar la sesión de la referida subcomisión y blindar al denunciado. Estrada, a pedido de la Célula Parlamentaria Aprista, ordenó al mediodía suspender la sesión. Esta suspensión fue comunicada a todos los miembros del grupo mediante un correo electrónico, al cual LA PRIMERA tuvo acceso.
La referida comunicación electrónica fue remitida a la 1 de la tarde por la secretaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Martha Galicia, y decía que por pedido expreso de la Célula Parlamentaria Aprista la sesión quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Sin embargo, la sesión llegó a realizarse. El único congresista ausente de ese grupo fue Hildebrando Tapia, de la bancada de Unidad Nacional.
La denuncia contra Gutiérrez fue presentada al presidente del Legislativo, Luis Alva Castro, el pasado 24 de marzo. Está fundamentada en una denuncia periodística que dio cuenta que dos choferes asignados al Congreso realizaban labores domésticas en la casa del referido congresista. Eran José Monteza y Erick Bardelli, quienes cobraban sueldos en la planilla del Congreso.
La Acusación Constitucional también consigna la irregularidad cometida en el recorte del sueldo de esos dos trabajadores, los viajes irregulares de Gutiérrez desde que asumió sus funciones parlamentarias, además del hecho que utiliza un vehículo asignado al Congreso y lo tiene en su vivienda para uso particular.
La denuncia de los nacionalistas está concentrada en el delito de peculado porque el legislador es un funcionario público y se apropió indebidamente de un bien público, como es el sueldo de sus trabajadores. La denuncia del delito de omisión se debe a que no declaró los gastos de sus viajes y faltó a las sesiones del pleno injustificadamente, sin que le descuenten los salarios correspondientes.
DETALLE
El siguiente paso es la designación de un congresista que investigue el caso, luego Gutiérrez será llamado a la comisión para que haga sus descargos y también serán convocados los demás implicados. Concluida la investigación el congresista que investigó el caso expondrá su informe final, el cual será votado. De ser aprobado pasará al pleno, donde podrían levantarle la inmunidad parlamentaria a Gutiérrez y enviarlo al Poder Judicial.
Con información de "La Primera"
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