A más de un año del inicio de la huelga indígena amazónica que, por la desatención oficial, derivó en los luctuosos sucesos de Bagua que significaron la muerte de 34 peruanos, tres expertos de la problemática indígena hicieron un análisis de la situación presente para LA PRIMERA y concluyeron que el gobierno no ha aprendido la elección, sino que se ha afirmado en sus posiciones, sin voluntad de diálogo, factor este que en última instancia provocó las pérdidas de vidas de policías y civiles. Esa falta de voluntad de diálogo se refleja en el negativa de resolver la agenda social pendiente.
Otra de las conclusiones fue que no existe una política para los pueblos indígenas que aborde de todos los problemas que se plantearon como resultado de la movilización, así como se está demorando la aprobación del proyecto de ley sobre consulta popular y, sobre todo, que el gobierno no tiene una real voluntad para atender los reclamos de esta población y las recomendaciones de la mesa cuatro sobre educación, salud y otros temas.
Del mismo modo, continúa un especie de subestimación de los problemas, persiste una falta de reconocimiento de la validez de las demandas, de la legitimidad de las organizaciones indígenas como de sus representantes y canalizadoras de esas demandas. Tampoco existe una estrategia ni una política de Estado clara respecto a la Amazonía.
Javier Torres, de la Asociación Servicios Educativos Rurales lamentó que el gobierno nacional no haya aprendido la lección, sino más bien se haya afirmado en sus posiciones. Él junto al resto de entrevistados participó de un taller de trabajo organizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre los hechos de Bagua.
“Creo que las última reacción en lo de Chala expresa que el manejo en temas represivos es el mismo”, manifestó para luego agregar que, además, lo preocupante es que en todo este proceso de diálogo y negociación efectuado con la organización de los pueblos indígenas el objetivo del gobierno ha sido postergar las decisiones, deslegitimar las dirigencias, acosarlas a través del Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y no ver el tema central de cómo se respetan los derechos de los pueblos indígenas en el marco de una agresiva política de promoción de inversión privada.
Consultado por este diario si la actitud cerrada del Ejecutivo respecto a las comunidades indígenas se fundamenta en una actitud discriminatoria o en el afán de beneficiar a grandes grupos económicos, Torres se orienta hacia lo segundo, pues cree que existe un gran interés económico de sacar la mayor cantidad de inversiones petroleras y mineras.
Además, advirtió sobre el interés en sacar a toda costa el acuerdo hidroenergético con el Brasil que implica la construcción de grandes centrales hidroeléctricas que terminarían por destruir el medio ambiente, por lo menos en las condiciones que se han planteado.
Acto seguido, subrayó que es clarísimo que no hay una preocupación por el respeto a los pueblos indígenas.
A su vez, Carlos Soria, del Instituto del Bien Común, remarcó que quisiera una política pública hacia los indígenas que soporte los problemas que se plantearon como resultado de la movilización. “Lamentablemente todo eso se está demorando, no hemos avanzado en el proyecto de consulta previa, tampoco se ha avanzado en una ley forestal que no sea sólo madera, sino se necesita también el bosque como hábitat del pueblo y todas las recomendaciones de la mesa cuatro son una serie de puntos de educación, salud, entre otros, tampoco se ha avanzado”, acotó.
Calificó de penoso que se haya perdido todo este año, pese a tantos avances en documentos e insumos que no se han implementado.
Preguntada su opinión en torno a la actitud constante del gobierno de convocar mesas de diálogo que no llegan a ninguna solución, tras las muertes de compatriotas en el marco de las protestas sociales, Soria enfatizó que se parece a la estrategia del empresario Genaro Delgado Parker, pues la deuda nueva se deja envejecer y la vieja simplemente no se paga.
El especialista dijo que el gobierno lo único que hace es patear las cosas y diferirlas para después del 2011. “Lo único que hace es postergar los problemas, pero eso es acumular el conflicto para más adelante”.
En este contexto, advirtió se puede repetir lo de Bagua y ello debido a que las condiciones son las mismas, es decir presión de la industria extractiva, las actividades ilegales, abandono de la población indígena.
Entonces -dijo- las condiciones que generaron las protestas no fueron la manipulación externa, ni una Aidesep fuerte, sino la necesidad de la gente de solucionar su situación cotidiana y eso sigue igual.
Le repreguntamos por qué que el gobierno acostumbra denunciar una posible intervención extranjera en toda protesta social o la participación de grupos radicales, y afirmó que, lamentablemente ese es el punto de vista de los políticos, sea de este gobierno o de otros partidos.
“Los políticos son incapaces de comprender que las sociedades tienen sus propias dinámicas y sus cauces para plantear sus propias demandas y expresar sus necesidades, las cuales rebasan los ámbitos políticos sin que los políticos sean capaces de encauzarlas”, espetó.
A diferencia de Torres, para Soria es la discriminación sumada a determinados intereses económicos los que empujan al gobierno a desatender a la población indígena de nuestro país.
En este sentido, manifestó que ambas a su criterio son parte centrales de este problema; pues adujo que hay el interés de favorecer a algunos intereses privados, pero al mismo tiempo hay un desconocimiento y poco respeto por los derechos de las poblaciones locales porque es perfectamente posible buscar asociaciones productivas entre poblaciones locales e inversiones extranjeras.
“Pero eso no se hace a punta balazos ni que sea la Dinoes la que vaya a resolver el conflicto, eso requiere de estrategia inteligente de conversación y diálogo entre empresas, Estado y poblaciones locales”, puntualizó.
Añadió que es la falta de voluntad política la que provoca las constantes muertes y por eso es que se aprobaron las leyes de criminalización de protesta para darle carta blanca a la policía.
Aunque, reconoció que, del mismo modo, faltó voluntad en resolver la agenda social de gobiernos anteriores.
Por su parte, Martín Tanaka del Instituto de Estudios Peruanos, sostuvo que el Estado, a través de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, está haciendo un trabajo bueno, pero muy corto con respecto a la magnitud del problema que se tiene que enfrentar.
“Diría que hace falta que el gobierno y lo que involucra a todos los sectores y los niveles de gobierno tomen mucho más en serio las consecuencias que tienen sobre la población las iniciativas que promueven” aseveró.
Manifestó que si uno analiza los conflictos, va a encontrar como evidencia que gran parte de los conflictos son acciones que promueven el Estado al no haberlas debatido suficientemente para generar consensos.
Por eso -enfatizó- en un contexto de mucha desconfianza, la población tiende a rechazar algunas iniciativas gubernamentales y en la medida que no hay canales institucionales para procesar esas demandas, terminan asumiendo formas no institucionales y violentas.
Coincidiendo con los antes mencionados, incide en el hecho de que no existe una estrategia, una política de Estado clara respecto a la Amazonía y a las poblaciones indígenas, sino mensajes contradictorias y algunos provocadores, y se sigue incluso con esta idea del salvajismo que existe en una zona del país en alusión al calificativo de “minería salvaje” lanzado por el jefe de Estado, Alan García con relación a los hechos de Chala y Madre de Dios.
“Antes se hablaba del Perro del Hortelano, de los ciudadanos que no son de primera; en fin , después de los sucesos de Bagua se instalaron mesas de diálogo para revisar la legislación, los decretos y el tiempo ha pasado y no hay claridad sobre qué está saliendo de eso”,dijo.
Tanaka atribuyó la desidia del gobierno en estos asuntos, a la apuesta que hace éste a favor de un modelo económico que privilegia la gran inversión en industria extractivas, cosa que no está mal -opinó- si no va acompañado de una subestimación del problema social que conlleva.
“Es necesario tener medidas que regulen, que normen esas actividades para asegurar que el derecho de la población afectada con esas actividades , pues hay una debilidad estatal, política, no hay claridad cómo manejar esos asuntos a nivel político; por eso las cosas terminan resolviéndose al tun tun , de manera improvisada”, puntualizó.
Necesidad de una Consulta Previa
No sólo el gobierno nacional mereció una llamada de atención de nuestros entrevistados, sino le tocó lo suyo al Congreso por retardar la aprobación de un proyecto de Ley de Consulta Previa, derecho reconocido en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los detonantes.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino exhortó al Ejecutivo y al Congreso para que, de una vez por todas, se apruebe el proyecto ley de Consulta Previa y comentó que su despacho ha hecho las gestiones correspondientes e incluso ha emitido un Informe Defensorial sobre el tema.
La exhortación hecha por Merino es justa, pues desde hace dos meses la Comisión de Constitución del Congreso espera que el Ejecutivo remita su proyecto de ley sobre la Consulta Previa para unificarlo al proyecto emitido en sus fueros; mientras que el oficialismo y sus aliados políticos en el Congreso se ha encargado de frustrar, dos veces, el debate de la iniciativa sobre la Ley Marco presentada por la legisladora nacionalista, Elizabeth León.
Sobre el tema, el representante de SER refirió que este es la gran preocupación, ante el cual el Congreso debe mantenerse alerta, pues el Poder legislativo tiene la obligación de aprobar un proyecto de ley de Consulta Previa. “De repente no será el que los pueblos indígenas deseen, pero creo que ese gesto político es fundamental y eso depende del resto de partidos políticos y no del gobierno”, expresó antes de reflexionar que para el efecto, debe haber un acuerdo para que haya por lo menos un primer paso.
En este contexto, con total seguridad sostiene que le corresponderá al próximo gobierno aplicarlo, toda vez, que no percibe una voluntad de cambio en este gobierno que está de salida.
Con información de "La Primera"
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