El ministro de Justicia, Víctor García Toma, plantea la creación de tribunales especiales e independientes, externos a los colegios de abogados, para sancionar la mala práctica profesional, como parte de la lucha contra la corrupción en la administración de justicia.
Señaló que labor realizada por los colegios de abogados a través de sus comités de ética ha sido insuficiente, ineficaz, y no han funcionado, por lo que se necesita la creación de un sistema de control externo que sancione esta conducta.
“En consecuencia, debe trasladarse ese control interno a uno externo, con tribunales administrativos autónomos, independientes, especializados, permanentes. Esa primera medida me parece necesaria.”
Según dijo, la cadena de corrupción tiene como primer protagonista al abogado, pero en los colegios profesionales “no hay la debida pasión ni la convicción” para sancionar a sus colegas, pues aquí, al igual que en el Congreso, también hay "otoronguismo".
“Sé que a algunos de mis colegas esto les va a molestar, incluso voy a perder muchos amigos; pero, ciertamente, hay que adoptar medidas radicales, porque el 'otoronguismo' no solamente está en el Parlamento, sino también en los colegios profesionales.”
Recordó que ya está en aplicación en muchas regiones del país el nuevo Código Procesal Penal, que facilitará la administración de justicia; pero sin abogados ni jueces correctos no habrá resultados.
"No nos engañemos, sin buenos operadores, abogados eficientes y corrientes no avanzaremos mucho; si bien se ha apuntalado de manera correcta el marco procesal, creo que hay que seguir insistiendo en la idoneidad, en la eficiencia y la moralidad de los jueces, y, sobre todo, en un comportamiento del abogado acorde con las necesidades de la población."
Por otro lado, en declaraciones a CPN Radio, el titular de Justicia dijo que no comentará las declaraciones del cardenal Juan Luis Cipriani pidiendo la renuncia del ministro de Salud, Óscar Ugarte, por el tema de la "píldora del día siguiente", para no afectar las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, que corresponde a su sector.
“No quiero afectar ese nexo, esa relación que me corresponde establecer entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia.”
García Toma manifestó que hay “unanimidad” en el país sobre que los últimos fallos del Tribunal Constitucional (TC) son “fruto de una jurisprudencia precipitada, poco responsable y poco previsora de sus consecuencias, (…) que afecta la gobernabilidad”.
Sin embargo, dijo que está en contra de una reforma constitucional para delimitar sus competencias, y más bien hace un pedido a los magistrados a tener “prudencia” en sus resoluciones.
“No creo en ello (la reforma), no hay que imputarle al órgano las faltas o las injurias o negligencias en que incurren sus operadores, hay que distinguir entre la institución y sus miembros”, afirmó.
“A lo que debemos apuntar de manera urgente es a solicitarles a los miembros del tribunal prudencia, mesura, autorrestricción; no solamente por la imagen y la legitimidad del tribunal, sino fundamentalmente porque están de por medio los intereses del país.”
Dijo que es preferible apostar a la regulación de los magistrados que a una norma que podría debilitar a la institución y su papel de máximo órgano de control constitucional del país.
EGZ/GCO
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