El pacto infame para librar a Keiko Fujimori

El ex procurador anticorrupción Omar Chehade y el ex congresista Javier Diez Canseco denuncian presiones al ministerio Público para librar a Keiko Fujimori y sus hermanos de denuncias por haber estudiado en Estados Unidos con dinero de todos los peruanos.

Diversas personalidades coincidieron en señalar que el archivo definitivo de la investigación sobre el financiamiento irregular de los estudios universitarios de la congresista Keiko Fujimori y de sus hermanos en las Universidades más caras de Estados Unidos acredita de manera fehaciente la alianza infame entre el APRA y el Fujimorismo y la manera cómo ejercen “presión directa” en el ministerio Público.

En diálogo con LA PRIMERA, el ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Omar Chehade, sostuvo que la decisión fiscal demuestra que lamentablemente la citada alianza funciona en el ámbito judicial. “Existe una presión directa del gobierno para que sus aliados, en este caso Keiko Fujimori, quede limpia y se le allane su camino para el 2011. Este es un pacto infame que sólo busca el imperio de la impunidad”, indicó.

Para Chehade el fiscal superior Jorge Luis Cortés –quien rechazó el recurso de queja presentado por la Procuraduría Anticorrupción para que los hijos del ex presidente Alberto Fujimori sean denunciados por el presunto delito de complicidad en peculado en agravio del Estado–, contaba en su haber con pruebas suficientes y fehacientes para formalizar denuncia.

Entre estos elementos, enfatizó el ex defensor del Estado, están los traslados de dinero de miles y miles de dólares del erario nacional que se enviaron a cuentas en Estados Unidos para pagar los estudios en Universidades exclusivas de ese país, dinero que Fujimori no pagó de su peculio.

Según el letrado, existen tres elementos claves que el fiscal Cortés debió tomar en cuenta: primero el testimonio de Vladimiro Montesinos, 19 de julio de 2001, quien en su declaración ante la fiscal Gladys Echaíz dijo que enviaba 20 mil dólares mensuales para pagar los estudios de Keiko y hermanos. Luego, la confirmación de Matilde Pinchi Pinchi (ex mano derecha del “Doc”), quien acreditó que hizo los pagos con dinero de las arcas del Estado.

Y en tercer lugar, el hecho que Fujimori como presidente de la República ganaba sólo mil dólares (dos mil soles de la época) con lo cual no podía pagar la Educación de sus cuatro hijos en Universidades de NorteAmérica. “Ni el mago Mandraque hubiera podido con esa suma, por lo que correspondía era formalizar denuncia para que haya un proceso judicial justo, un debido proceso y una investigación limpia a Keiko Fujimori y sus demás familiares”, refirió Chehade.

Consultado por LA PRIMERA, Pedro Gamarra, actual procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos, señaló que su despacho agotó todas las vías posibles para denunciar a los hermanos Fujimori. Empero, Chehade recordó que cuando fue procurador notó que no había voluntad del APRA para extraditar a Fujimori, a diferencia de los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. “Nos ponían muchas trabas e incluso estuvieron a punto de expulsarnos pero no lo hicieron por miedo al escándalo, lo cual motivó mi renuncia”, anotó.

Sobre este tema, en declaraciones a Ideeleradio, el director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, consideró que el ministerio Público y la propia fiscal de la Nación deben dar una explicación al país.

Rivera acotó que el caso debió ser judicializado pues en los últimos años han surgido diversas evidencias directas e indirectas sobre un irregular financiamiento de los estudios universitarios de Keiko Fujimori y sus hermanos, pues hasta ahora no se explica de dónde sacó Fujimori los 94 mil 881 mil dólares, si ganaba un sueldo de 2 mil soles mensuales. “El ministerio Público ha tenido acceso a todos esos datos, de cuánto ganaba Fujimori por ejemplo, el testimonio de que salió dinero ilícito de Estados Unidos, la venta del inmueble (de la calle Pinerolo, Surco). Por lo menos este asunto debió ser judicializado”, remarcó.

No es cosa juzgada

Tras calificar de una vergüenza y criticar también la falta de independencia de la Fiscalía ante la alianza del APRA y el Fujimorismo, el ex congresista Javier Diez Canseco advirtió una falta de seriedad en la investigación del ministerio Público.

El ex legislador criticó no sólo que no se haya levantado el secreto bancario de Keiko Fujimori ni el movimiento de su tarjeta de crédito, sino también la ausencia de un estudio del control de los viajes (que entre 1990 y el 2000 fueron alrededor de cuarenta), del alojamiento y la alimentación, esto aparte del costo de la Universidad. “Todo esto evidencia que no hubo una investigación seria”, recalcó. Diez Canseco dijo que si bien es cierto se trata de un archivo definitivo, no es cosa juzgada porque no se trata de la decisión de un juez.

Dijo que el actual Congreso está en facultades de presentar una nueva denuncia de tal manera que se eviten las maniobras para que prescriba la acción penal.

“Creo que en ambos casos, la corrupción y violación de derechos humanos, lo que se está desarrollando es una suerte de campaña de ablandamiento a la opinión pública para decir eso no ocurrió y sí hay un responsable y que ese responsable es Vladimiro Montesinos”, dijo Carlos Rivera.

CÓMO LO HIZO

Carlos Rivera estimó que en los últimos años han surgido diversas evidencias directas e indirectas sobre un irregular financiamiento de los estudios universitarios de Keiko Fujimori y sus hermanos. Recordó que no se explica hasta ahora de dónde sacó Alberto Fujimori los 94 mil 881 mil dólares, si ganaba un sueldo de 2 mil soles mensuales.

ES OBVIO

“El Ministerio Público ha tenido acceso a todos esos datos, el dato de la cifra de cuánto ganaba Fujimori por ejemplo, el testimonio de que salió dinero ilícito de Estados Unidos, la venta del inmueble, en la calle Pinerolo, Surco. Todos los indicios apuntan a que los estudios de Keiko Fujimori fueron financiados con dinero del Estado. […] Por lo menos este asunto debió ser judicializado”, remarcó Carlos Rivera, quien reiteró que el caso evidencia un pacto entre el gobierno y el fujimorismo.

"La Primera"