Los documentos históricos correspondientes a las épocas colonial y republicana del Perú se ofertan libremente en Internet. A pesar de las constantes denuncias, estas prácticas continúan impunemente y sin ningún control. Solo en lo que va de esta semana, en los portales de eBay y Mercado Libre se ofrecieron documentos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Los vendedores usan seudónimos.
“Carta firmada por el virrey José Fernando de Abascal y Sousa, comunicando la elección de Don José de Silva y Olave como Diputado que representará al Virreinato del Perú ante la Junta Central Gubernativa del Reino de España. El documento está en buen estado, es totalmente original”, detalla uno de los vendedores en Mercado Libre.
Otro persona, en eBay, ofrece documentos “de 1610, donde se refieren al pago que habría hecho un Inca en plata”. Como estos, y solo en una rápida búsqueda, se hallaron hasta dos docenas de ofertas de documentos históricos peruanos.
PODER JUDICIAL LENTO
El jefe del Archivo General de la Nación, Joseph Dager, reconoció que si bien “no se tiene la descripción documental precisa de todos los documentos del archivo”, sí se ha comenzado a “inventariar gran parte del archivo colonial”.
En el AGN confirmaron también que en el Poder Judicial se están investigando varios casos de tráfico de patrimonio documental. Y, aunque no quisieron precisar nombres, se supo que cerca de 10 personas –entre supuestos investigadores y trabajadores del archivo– estarían siendo investigadas. Muchos de estos casos provienen del 2006.
Ante esta situación, Joseph Dager hizo un llamado al Poder Judicial para que asuma con más responsabilidad su papel frente a los casos de tráfico documental. “Se debe crear conciencia en los jueces. Muchas veces nos piden que los documentos históricos tengan el sello del AGN, cuando nosotros no sellamos todo el documento”, precisa.
El jefe de la institución recordó también que la Ley de Patrimonio Cultural tendrá que acomodarse a la Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
¿LEY TENDRÁ QUE ESPERAR?
La ley de patrimonio vigente obliga al Archivo General de la Nación a abrir una oficina que registre el patrimonio documental que está en manos de particulares. Pero en el AGN nunca se pudo implementar esa oficina.
Para Dager, este es un tema complicado. Lo explica: “Si registramos un documento histórico como si fuera propiedad de esa persona, lo que se está haciendo es validar su origen ilícito. Por eso, lo que se tiene que hacer es investigar el origen de cada documento que se pretende registrar, y para ello, otra vez, necesitamos recursos públicos y de cooperación internacional”.
Con información de "El Comercio"
“Carta firmada por el virrey José Fernando de Abascal y Sousa, comunicando la elección de Don José de Silva y Olave como Diputado que representará al Virreinato del Perú ante la Junta Central Gubernativa del Reino de España. El documento está en buen estado, es totalmente original”, detalla uno de los vendedores en Mercado Libre.
Otro persona, en eBay, ofrece documentos “de 1610, donde se refieren al pago que habría hecho un Inca en plata”. Como estos, y solo en una rápida búsqueda, se hallaron hasta dos docenas de ofertas de documentos históricos peruanos.
PODER JUDICIAL LENTO
El jefe del Archivo General de la Nación, Joseph Dager, reconoció que si bien “no se tiene la descripción documental precisa de todos los documentos del archivo”, sí se ha comenzado a “inventariar gran parte del archivo colonial”.
En el AGN confirmaron también que en el Poder Judicial se están investigando varios casos de tráfico de patrimonio documental. Y, aunque no quisieron precisar nombres, se supo que cerca de 10 personas –entre supuestos investigadores y trabajadores del archivo– estarían siendo investigadas. Muchos de estos casos provienen del 2006.
Ante esta situación, Joseph Dager hizo un llamado al Poder Judicial para que asuma con más responsabilidad su papel frente a los casos de tráfico documental. “Se debe crear conciencia en los jueces. Muchas veces nos piden que los documentos históricos tengan el sello del AGN, cuando nosotros no sellamos todo el documento”, precisa.
El jefe de la institución recordó también que la Ley de Patrimonio Cultural tendrá que acomodarse a la Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
¿LEY TENDRÁ QUE ESPERAR?
La ley de patrimonio vigente obliga al Archivo General de la Nación a abrir una oficina que registre el patrimonio documental que está en manos de particulares. Pero en el AGN nunca se pudo implementar esa oficina.
Para Dager, este es un tema complicado. Lo explica: “Si registramos un documento histórico como si fuera propiedad de esa persona, lo que se está haciendo es validar su origen ilícito. Por eso, lo que se tiene que hacer es investigar el origen de cada documento que se pretende registrar, y para ello, otra vez, necesitamos recursos públicos y de cooperación internacional”.
Con información de "El Comercio"
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