Por: Raúl WieverLa condena del bloguero José Alejandro Godoy por delito de difamación agravada, con una pena de tres años de prisión suspendida, 300 mil soles de multa y 120 días de trabajo comunitario, ha traído una ola de solidaridad en distintos sectores.
Entre quienes lo apoyan se cuentan los habitantes regulares del ciberespacio, que han visto directamente amenazados en sus derechos, en tanto Godoy ha respetado las reglas de expresión de estos medios, vinculando (linkeando) sus opiniones con otras, que prueban que lo que dice no es un invento para dañar al denunciante.
También respalda a Godoy la comunidad de querellados por Mufarech, que por lo visto es amplia.
Además, la prensa en general, con mayor o menor convicción, estima que el aumento de condenas por difamación es una amenaza contra todo el gremio periodístico.
Tal vez por todo esto, el caso Godoy está sonando más fuerte que otros, como el del periodista Efraín Rúa de LA PRIMERA condenado por recoger la denuncia de campesinos de la comunidad de San Pedro de Lloc, en La Libertad, sobre la intervención directa del hijo del presidente Alan García en la venta ilegal de terrenos comunales a una empresa privada, bajo el insólito argumento de que la denuncia buscaba “afectar” la imagen del presidente.
Otro paquete de demandas poco difundido es el que la empresa Lima Airport Partners LAP, ha lanzado en contra del periodista independiente Herbert Mujica (cinco denuncias), por la publicación de un libro sobre el proceso de privatización y por otras opiniones expresadas a través de la Internet. También, el articulista Manuel Dammert ha sido perseguido por Pedro Pablo Kuczynski, por haber puesto al descubierto su papel de lobista en la revisión de los contratos del gas.
En mi caso particular, tengo una acción de amparo orientada a decomisar un libro de investigación sobre LAP del año 2005, que los jueces en dos instancias diferentes rechazaron por improcedente, pero que el Tribunal Constitucional increíblemente ordenó darle curso a fines del año anterior; tres demandas más de LAP, por publicación de información fiscal y judicial referida a un caso de tráfico de Drogas detectado en el Aeropuerto Jorge Chávez y que comprometía a funcionarios de seguridad de varias empresas, entre ellas de LAP; una demanda del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, por informar de las relaciones entre el consorcio ganador de la concesión del puerto de Paita, e intereses de empresas portuarias Chilenas. Dos de estos procesos han estado próximos a sentencia.
En LA PRIMERA hay otros compañeros denunciados y hasta donde sé también existen en otros medios. Los denunciantes, además, recurren a incluir en su demanda a los directores de los medios, a pesar que las notas se encuentren firmadas, y a las empresas periodísticas (como terceros civilmente responsables). Evidentemente la intención es poner contra la pared al medio y a los periodistas, con el objeto de que las investigaciones no sigan adelante
Como principal de una serie de conclusiones, se desprende que los poderes políticos y económicos usan los juicios por difamación agravada para judicializar a los medios que le son molestos y acallar la investigación periodística, así como la lucha contra la corrupción.
Por ello, la proliferación de juicios por difamación y el sometimiento de los jueces a los grupos de poder, ponen en seria duda la afirmación de que en el Perú reina una prístina libertad de prensa. Eres libre, pero puedes terminar preso o quebrado por denunciar la corrupción.
Con información de "La Primera"
Entre quienes lo apoyan se cuentan los habitantes regulares del ciberespacio, que han visto directamente amenazados en sus derechos, en tanto Godoy ha respetado las reglas de expresión de estos medios, vinculando (linkeando) sus opiniones con otras, que prueban que lo que dice no es un invento para dañar al denunciante.
También respalda a Godoy la comunidad de querellados por Mufarech, que por lo visto es amplia.
Además, la prensa en general, con mayor o menor convicción, estima que el aumento de condenas por difamación es una amenaza contra todo el gremio periodístico.
Tal vez por todo esto, el caso Godoy está sonando más fuerte que otros, como el del periodista Efraín Rúa de LA PRIMERA condenado por recoger la denuncia de campesinos de la comunidad de San Pedro de Lloc, en La Libertad, sobre la intervención directa del hijo del presidente Alan García en la venta ilegal de terrenos comunales a una empresa privada, bajo el insólito argumento de que la denuncia buscaba “afectar” la imagen del presidente.
Otro paquete de demandas poco difundido es el que la empresa Lima Airport Partners LAP, ha lanzado en contra del periodista independiente Herbert Mujica (cinco denuncias), por la publicación de un libro sobre el proceso de privatización y por otras opiniones expresadas a través de la Internet. También, el articulista Manuel Dammert ha sido perseguido por Pedro Pablo Kuczynski, por haber puesto al descubierto su papel de lobista en la revisión de los contratos del gas.
En mi caso particular, tengo una acción de amparo orientada a decomisar un libro de investigación sobre LAP del año 2005, que los jueces en dos instancias diferentes rechazaron por improcedente, pero que el Tribunal Constitucional increíblemente ordenó darle curso a fines del año anterior; tres demandas más de LAP, por publicación de información fiscal y judicial referida a un caso de tráfico de Drogas detectado en el Aeropuerto Jorge Chávez y que comprometía a funcionarios de seguridad de varias empresas, entre ellas de LAP; una demanda del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, por informar de las relaciones entre el consorcio ganador de la concesión del puerto de Paita, e intereses de empresas portuarias Chilenas. Dos de estos procesos han estado próximos a sentencia.
En LA PRIMERA hay otros compañeros denunciados y hasta donde sé también existen en otros medios. Los denunciantes, además, recurren a incluir en su demanda a los directores de los medios, a pesar que las notas se encuentren firmadas, y a las empresas periodísticas (como terceros civilmente responsables). Evidentemente la intención es poner contra la pared al medio y a los periodistas, con el objeto de que las investigaciones no sigan adelante
Como principal de una serie de conclusiones, se desprende que los poderes políticos y económicos usan los juicios por difamación agravada para judicializar a los medios que le son molestos y acallar la investigación periodística, así como la lucha contra la corrupción.
Por ello, la proliferación de juicios por difamación y el sometimiento de los jueces a los grupos de poder, ponen en seria duda la afirmación de que en el Perú reina una prístina libertad de prensa. Eres libre, pero puedes terminar preso o quebrado por denunciar la corrupción.
Con información de "La Primera"
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