Más de tres mil trabajadores de esa empresa ubicada en la azucarera Cayaltí realizaron una marcha para demandar al presidente de la República Alan García Pérez que promulgue la ley que amplía la protección patrimonial de las azucareras y la suspensión de la venta de las acciones estatales en esas empresas hasta el 31 de diciembre de 2011.
“Ante la inminente venta de las acciones del Estado en Cayaltí, queremos que el presidente García estampe su firma en el proyecto de ley aprobado por el Congreso”, manifestó Felipe Artemio Mondragón, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores para la Compra de las Acciones del Estado.
La norma fue aprobada el pasado 2 de diciembre por el Pleno del Congreso, pero de acuerdo al procedimiento, el Jefe del Estado tiene 15 días hábiles para promulgarla, los cuales vencen el próximo viernes 24 de diciembre. Las afirmaciones del presidente García y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avizoran que será observada.
En tanto, ProInversión, al amparo de la actual norma - que protege solo hasta el 31 de este mes el patrimonio de las azucareras- continúa con el proceso de venta de las acciones estatales en esas empresas. Y ha empezado por Cayaltí, en donde tiene el 23.5% del accionariado.
La venta de esos títulos mediante subasta estaba prevista para el 20 de diciembre, sin embargo, fue postergada hasta fines de este mes o principios de 2011 porque el decreto supremo que establece las condiciones para que los trabajadores ejerzan su opción preferente a la compra de acciones del Estado en la azucarera en la cual trabajan, fue publicado recién el 8 de diciembre.
Por lo pronto, Cayaltí ya alcanzó a ProInversión la lista de trabajadores aptos para ejercer esa opción. Se trata de 1,097 trabajadores, de los cuales 1,060 son activos y 37 están con licencia.
Sin embargo, los trabajadores consideran que están en desventaja frente a otros compradores, específicamente respecto al grupo Gloria, por lo que piden que la venta sea directa y que el pago sea con cargo a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y acreencias laborales. Pero el decreto supremo dice que la CTS servirá solo como garantía.
Con información del "Diario 16"
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