El candidato de la Alianza para el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, dijo hoy que renunciaría a su ciudadanía estadounidense, si es electo presidente de la República o pasa a la segunda vuelta; aunque luego añadió que muy probablemente lo haga durante la campaña electoral.
En una entrevista televisiva se le consultó a Kuczynski si renunciaría a su ciudadanía estadounidense, y respondió: “Si soy presidente sí; si llego a la segunda vuelta sí”.
A reglón seguido se le consultó si lo haría durante la campaña, a lo que contestó: “Muy probablemente lo haré ahora durante la campaña”.
Kuczynski mencionó que siempre ha dicho que la presidencia de la República “es incompatible políticamente con otro pasaporte”; y comentó que por ello ya fue a la embajada de Estados Unidos para ver “cuál es el procedimiento y eso está en marcha”.
“Ya he recibido los formularios y los estoy llenando”, aseveró en declaraciones a Frecuencia Latina.
El candidato presidencial dijo no creer que Marcial Ayaipoma, su otrora colega en el gobierno de Alejandro Toledo, esté detrás de la solicitud que presentó su sobrino Javier Espinoza, para tachar su candidatura, bajo el argumento de la doble nacionalidad.
“Marcial es muy respetado, muy amigo, las tachas no son consanguíneas”, señaló.
De otro lado, afirmó hoy que “no es inviable” la devolución de aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que fue ratificado mediante referéndum el pasado 3 de octubre
.“No creo que sea inviable. Si uno lee el fallo del Tribunal Constitucional, es bien claro. Allí dice que se decidirá sobre las obras que tuvieron que ver con vivienda, con electrificación. Pero la fórmula de cómo se devuelve no se ha diseñado todavía”, manifestó.
En caso de llegar a la Presidencia de la República en los comicios del próximo 10 de abril, aseguró que cumplirá con lo dispuesto por el marco legal y con el resultado del referéndum sobre los aportes fonavistas.
Si bien consideró que “de repente” es financieramente inconveniente devolver el dinero, dijo que el país necesita “un estado de ley” y que los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con las disposiciones legales a fin de reforzar la estabilidad jurídica y el estado de derecho.
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