Decretos de urgencia 001 y 002: Se abre espacio para la corrupción

Decretos de urgencia 001 y 002 son calificados de entreguistas. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción señala que hay clara intención desde inicios del gobierno de aprobar al “caballazo” proyectos de inversión.

Todo indica que los decretos de urgencia (DU) 001 y 002 publicados por el Ejecutivo hace un par de semanas formarían parte de una política entreguista instaurada por el gobierno actual.

El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) –un colectivo de instituciones de la sociedad civil– realizó dos informes sobre los DU emitidos desde 2008 hasta 2010, y encontró en su investigación un correlato que dota de “mayores espacios de riesgo para la corrupción”.

Según Walter Vargas, investigador de dicho colectivo, el inicio de este “plan para agilizar las inversiones que establece mecanismos excepcionales de concesión” tuvo como primer sustento el DU 047-2008, el cual plantea “darle poderes a Proinversión para definir el diseño de concesión sin la participación directa de la Contraloría General de la República (CGR) o, en todo caso, limitándola a establecer opiniones sobre la versión final del contrato, mas no sobre las condiciones del proceso”.

¿Qué sucede con esto?
Según Vargas está claro: “Recortan las facultades de fiscalización sobre los recursos, ‘sacando la vuelta’ a la Ley de Contrataciones del Estado, reduciendo plazos y limitando los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como en los últimos DU”.

Casos controvertidos

En la cadena de antecedentes de esta política entreguista –según ambos informes del GTCC– está el DU 070-2009 que declaró en emergencia la licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada por asuntos ambientales y sanitarios, pero que sorpresivamente fue condicionada por el DU 071-2009 para su aprobación a través de la CGR, dándole luz verde a la concesión, ya que este organismo solo estaba sujeto a revisar la versión final del contrato, según el DU 047-2008.

Bajo esta misma modalidad se entregó el Puerto de Paita, evadiendo mecanismos de control y fiscalización, modificando las bases a la medida del único postor. Y ahora se pretende hacer lo mismo con los 33 megaproyectos insertos en los DU 001 y 002, acortando plazos y eludiendo los EIA.

Medida inconstitucional

Existe consenso entre distintas personalidades en que los últimos DU son inconstitucionales. Así lo cree, por ejemplo, el legislador Yonhy Lescano, quien el lunes presentaría una demanda derogatoria al Tribunal Constitucional. “Los DU solo sirven para enfrentar emergencias, y hacer una obra no es un caso excepcional. Al final del Gobierno quieren dejar todo cocinado. Eso huele a corrupción”, fustigó.

De igual opinión es el congresista de la bancada nacionalista Daniel Abugattás, quien afirmó que “la condición de ‘urgencia’ se da solo cuando existe una situación apremiante de índole económico para el país y este no es el caso”. Por ello emplazó al Congreso a debatir el proyecto de ley 4617 de su bancada, que propone derogar los discutidos DU.

Según el investigador Walter Vargas, la inconstitucionalidad se demuestra claramente analizando los 33 proyectos que se pretenden acelerar, de los cuales 8 por lo menos se repiten en DU de años anteriores, como la concesión del Terminal Portuario de Yurimaguas, que figura incluso en el DU 047-2008. Es decir, han pasado cerca de tres años, en los cuales se pudo procesar sin mayor premura. Entonces, ¿dónde está el carácter de urgencia?, se preguntó Vargas, quien también pidió derogar los DU.

Corrupción se extiende

El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción también cuestionó el proyecto de ley que regula las medidas cautelares, aprobado por el Consejo de Ministros, pues señala que las denuncias referidas a concesiones no sean procesadas por el juez de la localidad, sino sean llevadas a Lima, “violando el principio de juez natural” .

El congresista Yonhy Lescano se mostró contrario a este proyecto de ley, porque concentra los procesos en Lima, donde más bien existe niveles mayores de corrupción.

Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, sostuvo que los DU son perfectamente constitucionales y respetan los estudios ambientales. Afirmó que se está considerando que los peruanos serán los beneficiados.

Con información de "La República"