SANTIAGO DE CHILE: El Fiscal Nacional Sabás Chaguán, que ordenó investigar si hay responsabilidades criminales en las autoridades que no alertaron del tsunami tras el devastador terremoto del 27 de febrero, opinó que con un aviso "se pudieron haber evitado muertes".
Las autoridades han dicho que la mitad de los muertos del 27 de febrero, cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el centro-sur del país y desencadenó un potente maremoto, fueron causadas precisamente por las olas que asolaron a decenas de poblados.
El domingo por la tarde se sintió una réplica de magnitud 5,7 en las cercanías de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, precedidas de otras dos de menor magnitud.
Desde que el gobierno de Michelle Bachelet inicialmente cifró hasta en 800 los muertos por el desastre, la lista se ha venido depurando y la última cifra oficial que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, expone que hasta ahora hay solo 404 víctimas mortales debidamente identificadas aunque no muestra ningún dato respecto a desaparecidos.
"Cuando uno empieza a ver que tal vez, en ciertos casos y partes, con una alerta rápida se podrían haber evitado muertes, determinar si ésta no fue rápida o pronta se debe despejar con la investigación", declaró Chaguán en una entrevista con el periódico La Tercera publicada el domingo.
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), no alertó del tsunami y alega que no fue informada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el que afirma que avisó en tres ocasiones, pero admite que invalidó el anuncio a menos de una hora y media de haberlo cursado.
Carmen Fernández, renunció como directora de la ONEMI por las críticas de la prensa, mientras el encargado del SHOA, capitán de Navío Mariano Rojas, fue suspendido mientras la armada concluye una investigación interna, que entregará a Chaguán la semana entrante.
La semana última se presentaron querellas criminales por la muerte de una veintena de personas por causa del tsunami no alertado.
La primera demanda, ya acogida por los tribunales, corresponde a dos hermanas ahogadas en el sureño balneario de Dichato. Ambas se resguardaron en un cerro, pero al oír que no había peligro de tsunami, bajaron y las engulló una de las tres olas del maremoto.
La entonces presidenta Michelle Bachelet, en declaraciones alrededor de las cinco de la madrugada del fatídico sábado 27 dijo que la armada informó que no había peligro de tsunami, pese a lo cual recomendó a la ciudadanía que si había réplicas fuertes o si notaban cambios en el mar, se pusieran a salvo en tierras altas.
Luego de imponerse en terreno de los efectos del terremoto y maremoto, que afectó una franja de 450 kilómetros del país, Chaguán designó a la fiscal Solange Huerta para indagar eventuales responsabilidades criminales y de negligencia en el actuar de la ONEMI.
Sobre eventuales responsabilidades de la ex jefa de la oficina de emergencia, Chaguán dijo que si una persona se expuso al riesgo porque una autoridad le dijo que no había peligro de tsunami, "podría configurarse una eventual negligencia".
El Nuevo Herald
Las autoridades han dicho que la mitad de los muertos del 27 de febrero, cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el centro-sur del país y desencadenó un potente maremoto, fueron causadas precisamente por las olas que asolaron a decenas de poblados.
El domingo por la tarde se sintió una réplica de magnitud 5,7 en las cercanías de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, precedidas de otras dos de menor magnitud.
Desde que el gobierno de Michelle Bachelet inicialmente cifró hasta en 800 los muertos por el desastre, la lista se ha venido depurando y la última cifra oficial que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, expone que hasta ahora hay solo 404 víctimas mortales debidamente identificadas aunque no muestra ningún dato respecto a desaparecidos.
"Cuando uno empieza a ver que tal vez, en ciertos casos y partes, con una alerta rápida se podrían haber evitado muertes, determinar si ésta no fue rápida o pronta se debe despejar con la investigación", declaró Chaguán en una entrevista con el periódico La Tercera publicada el domingo.
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), no alertó del tsunami y alega que no fue informada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el que afirma que avisó en tres ocasiones, pero admite que invalidó el anuncio a menos de una hora y media de haberlo cursado.
Carmen Fernández, renunció como directora de la ONEMI por las críticas de la prensa, mientras el encargado del SHOA, capitán de Navío Mariano Rojas, fue suspendido mientras la armada concluye una investigación interna, que entregará a Chaguán la semana entrante.
La semana última se presentaron querellas criminales por la muerte de una veintena de personas por causa del tsunami no alertado.
La primera demanda, ya acogida por los tribunales, corresponde a dos hermanas ahogadas en el sureño balneario de Dichato. Ambas se resguardaron en un cerro, pero al oír que no había peligro de tsunami, bajaron y las engulló una de las tres olas del maremoto.
La entonces presidenta Michelle Bachelet, en declaraciones alrededor de las cinco de la madrugada del fatídico sábado 27 dijo que la armada informó que no había peligro de tsunami, pese a lo cual recomendó a la ciudadanía que si había réplicas fuertes o si notaban cambios en el mar, se pusieran a salvo en tierras altas.
Luego de imponerse en terreno de los efectos del terremoto y maremoto, que afectó una franja de 450 kilómetros del país, Chaguán designó a la fiscal Solange Huerta para indagar eventuales responsabilidades criminales y de negligencia en el actuar de la ONEMI.
Sobre eventuales responsabilidades de la ex jefa de la oficina de emergencia, Chaguán dijo que si una persona se expuso al riesgo porque una autoridad le dijo que no había peligro de tsunami, "podría configurarse una eventual negligencia".
El Nuevo Herald
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