El gobierno y las FF.AA. se han responsabilizado mutuamente -en privado- por la magnitud de los desórdenes en Concepción. La demora en decretar Estado de Catástrofe, que es atribuida al equipo de la Presidenta, ha sido objeto de críticas y el Ejecutivo está consciente de que puede pagar un alto costo si no sofoca el conflicto.
En el Club Providencia, antes de comenzar una reunión con sus futuros ministros para abordar la crisis que desató el terremoto y los tsunamis en la zona centro-sur del país, el Mandatario electo, Sebastián Piñera, definió cuál era la tarea prioritaria para las próximas horas: "Lo más importante hoy, y esa es la tarea que conversé el domingo con la Presidenta Bachelet, es que creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y restablecer el orden público".
Piñera habló a las 17, la misma hora en que entre los ministros de La Moneda comenzaba a instalarse el pesimismo respecto a la posibilidad de que se redoblaran los saqueos que se registraban en Concepción y que, entre otras cosas, habían terminado en incendios de tres supermercados y refriegas entre vecinos y delincuentes. El descontrol era total: en Interior ni siquiera podían contactarse con autoridades de la zona, pues los sistemas de comunicación habían colapsado.
En paralelo, según señalaron en el Ejecutivo, el titular de Defensa, Francisco Vidal, se contactaba cada una hora y media con los jefes de plaza zona de Concepción, Guillermo Ramírez, y del Maule, Bosco Pesse. Vidal, de hecho, planea viajar hoy a Concepción a monitorear la situación.
En el gobierno, a esa altura, el control del orden público pasaba a ser la prioridad. No sólo porque su restablecimiento es clave para resolver otros conflictos, como la distribución de alimento. En La Moneda están conscientes de que, de no hacerlo con rapidez, la administración Bachelet puede pagar un alto costo ante la opinión pública a días de traspasar el mando (durante los desórdenes estudiantiles de 2006, la Presidenta tuvo una fuerte baja en las encuestas).
Culpas cruzadas
Tanto en sectores de La Moneda como en las FF.AA. existe coincidencia de que el origen de los desórdenes estuvo en la demora para decretar Estado de Catástrofe, lo que ocurrió a las 15.15 del domingo, pues las imágenes de saqueos terminaron propiciando una ola de delitos y no se activó de inmediato a los militares.
De acuerdo a fuentes de gobierno, los ministros Pérez Yoma y Vidal impulsaron el fin de semana ante Bachelet la idea de involucrar a los militares para resolver la crisis. El titular de Interior recibió un complejo informe del subsecretario Patricio Rosende sobre la situación en las regiones del Maule y Bíobío. El sábado, el jefe de gabinete del ministro, Carlos Mladinic, elaboró dos decretos: uno que establecía Estado de Catástrofe y otro de Emergencia.
El equipo de Bachelet, dicen altas fuentes de gobierno, rechazó aplicar Estado de Sitio, pues era más restrictivo respecto a las libertades individuales y se homologaba a decisiones propias del gobierno militar. El círculo de la Presidenta, por lo demás, no veía en principio con buenos ojos el sacar a los militares a las calles, lo que gatilló roces con Piñera el fin de semana -que pidió Estado de Catástrofe antes de que Bachelet lo anunciara- y críticas por parte de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe
En La Moneda, responsabilizaron ayer -en privado- a los militares por una supuesta demora en apagar los focos de conflicto. En el Ejército rechazaron esa versión, señalando que la lentitud en decretar Estado de Catástrofe fue decisiva en los saqueos. En la noche de ayer, tenían previsto contar con siete mil soldados en la zona y apostaban a reestablecer el orden con ese contingente.
Con información de "La Tercera"
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