Numerosos militantes denunciaron ayer que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Aprista carece de legitimidad porque su elección no provino de los votos de los delegados de base sino de personas ajenas a la organización, mientras que Jorge del Castillo, el principal beneficiado con el accidentado Congreso aprista y por una hábil campaña mediática que le allanó el camino, y otras figuras del partido de gobierno intentaron dar vuelta a la página de los bochornosos sucesos del fin de semana, señalando que son propios del calor político.“Es LA PRIMERA vez en los 80 años de historia del partido que un CEN se elige a mano alzada”, manifestó uno de los delegados participantes en el encuentro, que no quiso identificarse pero manifestó que los estatutos del partido (artículo Nº 107) ordenan que las autoridades se elijan mediante el voto universal, directo y secreto, en todos los casos.
En cambio, el domingo 7, después de una violenta jornada de golpes y denuncias de secuestro y falsificación de credenciales, no hubo ánforas ni cédulas de votación. La nueva dirigencia del partido de Alfonso Ugarte fue elegida por aclamación por casi 1,000 personas, entre las que no se podía identificar quién era delegado y quién no.
Según algunos observadores, en el lugar se encontraban no más de 180 delegados legítimamente elegidos en sus bases y ratificados por el Tribunal Electoral Nacional, pues el saliente secretario general Mauricio Mulder se retiró con otros 180 delegados que lo apoyaron después que fue impedido de presentar su candidatura a la reelección.
De acuerdo a una directiva de la Comisión Organizadora del XXIII Congreso Nacional Ordinario, los delegados plenos (voz y voto) eran 576, 400 provenientes de elección en las bases, 100 funcionales (de asociaciones y gremios profesionales) y 76 secretarios regionales y generales.
La numerosa presencia de supuestos electores que aclamaron a Del Castillo, Secretario General Político, y a los demás miembros de la única lista que se presentó para conformar el CEN, se explica porque se trataba de empleados de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), de los ministerios de Vivienda y de la Mujer, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de Essalud y otros organismos del Estado, que tienen a sus principales directivos como integrantes del CEN, advirtió una delegada de provincias.
Con información de "La Primera"


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