Magistrados en la mira

En la investigación inconclusa realizada por la Comisión de Ética del Poder judicial hay varios magistrados de la Corte Suprema que deben explicaciones sobre el incremento de su patrimonio y sus ingresos, según un informe presentado ayer por IDL Reporteros.

Supremos como Francisco Távara, Antonio Pajares, Jorge Solís, Robinson Gonzales, José Lecaros, entre otros, fueron investigados por la Comisión de Ética del Poder judicial, aunque por ahora las indagaciones han sido suspendidas.

Según IDL Reporteros, en el power point con el informe elaborado por Luis Gómez, secretario técnico de la Comisión de Ética, en la investigación preliminar al magistrado Robinson Gonzales “se encuentra información patrimonial que recomienda ir a un mayor análisis”, sin abundar en mayor explicación.

En cuanto a Távara, uno de los vocales supremos involucrados en el caso “Alas Peruanas”, ha tenido “un incremento patrimonial de 65% respecto del 2005” y que Manuel Sánchez Palacios, muestra pérdidas en su patrimonio, aunque su esposa “tiene mayor línea de crédito y mayor endeudamiento en el sistema financiero”.

El magistrado José Lecaros, investigado porque la Universidad Alan Peruanas le otorgó un título honorífico, tiene un patrimonio de S/.1’013,784. Y Víctor Prado no tiene incremento patrimonial, pero en los dos últimos años “su ingreso se ha elevado en 400% (...) No hay correlación”, concluye el informe de la comisión.

Además, la exposición también contenía una investigación sobre el manejo administrativo, en especial compras de tóner, papel y laptops, en las que intervino el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también la licitación de limpieza que obtuvo la empresa Pisersa.

El informe sobre los seis meses de funcionamiento de la Comisión de Ética creó un impasse en el Poder judicial, que finalmente motivó la disolución de este organismo dependiente de la presidencia de la Corte Suprema, según informó IDL Reporteros.

DETALLE

Un comunicado del Poder Judicial del 18 de marzo, afirma que la Comisión de Ética no ha sido desactivada y sus funciones “continúan aunque sin el concurso de algunos funcionarios, cuyo contrato vencido no ha sido renovado”. El Poder Judicial desestimó también que se haya establecido el desbalance patrimonial de algunos magistrados y aseveró que este poder del Estado “no tiene intervención alguna en los procesos licitarios que ejecuta el PNUD”.

Con información de "La Primera"