Junta de Generales lo destituye de la Dirección de la Policía por escándalo de video en hostal, pero Tribunal Militar Policial interviene para suspender ese proceso.
El general PNP Miguel Hidalgo Medina, uno de los hombres que más conoce sobre los audios y correos electrónicos que fueron intervenidos a políticos de la talla de Jorge del Castillo, recibió tremendo salvavidas para librarse de la sanción de destitución del cargo de director general de la Policía Nacional impuesta por una Junta de Generales de su propia institución.
Esta última, presidida por el teniente general PNP Arturo Dávila Vega, resolvió el 9 de abril pasado, colocarlo en la situación de disponibilidad, que en buena cuenta es una posición muy cercana al retiro, debido al escándalo del video donde se observa a Hidalgo saliendo de un hostal con una mujer que no es su esposa a bordo de un auto oficial.
La Junta de Generales fue formada la última semana de marzo a pedido del propio ministro del Interior, Octavio Salazar, a través del oficio Nº 175 -2010-IN, cuya copia, junto con otros documentos del caso, posee este diario.
Sin embargo, el 12 de abril –es decir, tres días después de la sanción a Hidalgo– el Tribunal Supremo Militar Policial emitió el oficio Nº 333 suscrito por el vocal instructor y a la vez general de brigada del Ejército, Pedro Cabezas, a través del cual solicita suspender ese proceso administrativo disciplinario y la remisión de todo lo actuado en este caso.
La pregunta es por qué Salazar no respetó la decisión de la Junta que él mismo ordenó conformar y, por el contrario, acepta que todo pase al Tribunal Supremo Militar Policial. Es evidente que está siguiendo el camino que salva a Hidalgo de la destitución resuelta por la Junta de Generales.
La versión oficial que envió anoche el ministerio del Interior es que el fuero castrense pidió que el caso pasara a su jurisdicción el 8 de abril, es decir, un día antes de que la Junta de Generales emitiera la sanción a Hidalgo.
Sin embargo, el ministerio del Interior no respalda esta información con el documento oficial del Tribunal Militar Policial, mientras que LA PRIMERA publica en exclusiva los documentos que prueban la intervención de los fueros castrenses para salvar a Hidalgo.
Hidalgo sabe todo de los USB
Las razones por las cuales se lanzó este salvavidas a Hidalgo llevan a recordar que este alto oficial no sólo dirigió la detención de Gisselle Gianotti el 8 de enero de 2009, sino también de la incautación de los USB sustraídos que contenían los archivos de Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y otros personajes del gobierno. Además, estuvo presente durante los interrogatorios que el coronel PNP Carlos Morán sometió a la citada detenida.
Hidalgo, al frente del grupo de agentes especiales de la Dirandro, tuvo los cuatro USB incautados a Gianotti desde el 8 hasta el 12 de enero de 2009. Es decir, cuatro días antes de que los representantes de la Fiscalía y el Poder judicial realizaran el lacrado respectivo y la copia espejo de esos dispositivos.
Así, se abre entonces la hipótesis de que el cambiazo de los dos USB –sustracción de los originales y colocación de otros sin información relevante– se pudo haber producido en esos cuatro días en las instalaciones de la Dirandro. Tal hipótesis descarta que la copia espejo que guardó el ministerio Público contiene los archivos de los verdaderos dispositivos incautados a Gianotti. En esos cuatro días, también se pudo borrar por completo la información que contenía los otros dos USB de la procesada. Recuérdese que de los cuatro USB incautados, sólo dos tenían información.
Pero no sólo Hidalgo sabe todo esto, sino también el coronel PNP Carlos Morán, quien realizó los interrogatorios a Gianotti. Morán tiene la desazón, sin embargo, de no haber sido reconocido con un ascenso al grado de general. Mientras a Hidalgo lo blindan a Morán lo subestiman rezagándolo en su legítima aspiración
Gianotti hace revelaciones
La ex analista de la empresa Business Track Giselle Gianotti Grados reveló ayer que viene siendo extorsionada por miembros de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), dependencia que fue dirigida por el general Miguel Hidalgo, quien dirigió la investigación a los responsables de realizar interceptaciones telefónicas.
Gianotti reafirmó que las extorsiones están relacionadas a un audio donde ella menciona que existen vínculos entre Luis Nava, secretario general de la Presidencia de la República, con miembros de la familia Sánchez Paredes, quienes están acusados de realizar tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero. “Desde hace más de un mes personal vinculado a la Dirandro me viene extorsionado por esos audios, que han sido propalados, en parte, por radio Capital. Me pedían 10 mil dólares para no propalarlo. Ya estoy harta, no puedo seguir de esta manera. Me amenazan y me extorsionan”, manifestó Gianotti.
Respecto a los audios desaparecidos tras la manipulación de los USB que se le incautaron, señaló que éstos están referidos a cuatro grandes casos: el Banco Azteca, los aranceles, la construcción de hospitales y el petróleo. Al respecto, el premier Javier Velásquez dijo que Gianotti debe revelar también las identidades de los integrantes de la Dirandro que la extorsionan desde hace más de un mes. “¿Por qué no lo denunció antes?”, cuestionó el premier.
Asimismo, Gianotti confirmó haber dicho que los hijos de Luis Nava redactaban los contratos que el empresario dominicano Fortunato Canaán iba a firmar con el Estado. “Yo trabajaba con unidades de investigación, ellos tenían las informaciones de que los Sánchez Paredes se reunían en una sauna y despachaban desde ahí. Sí dije que los hijos de (Luis) Nava eran los que le hacían los contratos del señor (Fortunato) Canaán, pero están distorsionando por completo la grabación”, remarcó la procesada por el caso Bussines Track.
Con información de "La Primera"
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