La Oroya es un polvorín

Mineros y pobladores decididos a defender con su propia vida puestos de trabajo. Gobierno moviliza dos mil policías y militares. Critican actitud complaciente del Ejecutivo con empresa Doe Run.

Dos mil policías apoyados por personal militar y por camionetas de agentes de carreteras se encuentran desplazados en los alrededores de La Oroya, a fin de garantizar el libre tránsito vehicular ante el anunciado paro de trabajadores de la empresa Doe Run, que se inicia hoy de forma indefinida para exigir el inicio de operaciones de la misma.

Los trabajadores, por su parte, dijeron estar dispuestos a luchar hasta el final, pues cuentan con el apoyo de los pobladores que también han anunciado que llegarán hasta las últimas consecuencias, aún a costa de sus propias vidas, por lo que los dirigentes de los mineros lanzaron un llamado a las autoridades policiales a mantener la calma para evitar inútiles derramamientos de sangre.

Por la mañana, el ministro del Interior, Octavio Salazar anunció el desplazamiento de policías y militares a la zona de La Oroya, en una conferencia de prensa encabezada por el primer ministro, Javier Velásquez, quien informó las medidas que adoptará el gobierno para hacer frente a una eventual toma de la Carretera Central por los manifestantes, pues dijo que no se puede tolerar ni acceder al “chantaje inaceptable” al que la empresa minera Doe Run pretende someter al estado peruano.

El secretario general de los trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, aseguró haber agotado el diálogo con el Ejecutivo y pidió a la policía mantener la calma y no provocar enfrentamientos, aunque no descartó que pueda producirse la toma de la carretera.

Los pobladores de la zona, en tanto, aseguraron que apoyarán cualquier medida de los trabajadores de Doe Run, incluyendo la toma de la carretera, a pesar de las amenazas del premier Javier Velásquez y del desplazamiento de dos mil policías y militares.

Para el premier, en cambio, esta medida de fuerza es apoyada sólo por unos cuantos dirigentes de la Federación Minera del Perú a quienes acusó de buscar beneficiar a la empresa Doe Run y no al pueblo peruano.

En otro momento, el jefe ministerial no descartó que éstos dirigentes puedan ser denunciados durante el día de hoy si es que insisten en apoyar este paro al que consideró injusto.

“Queremos informar al país que mañana -hoy- una facción de los dirigentes de la minera Doe Run, apoyados por la Federación Minera inician una huelga indefinida, y en salvaguarda de los intereses de todos los peruanos, el gobierno ha dispuesto tomar todas las medidas necesarias (…) para garantizar el libre tránsito por la Carretera Central y las vías alternas”, manifestó.

En respuesta a las imputaciones del jefe ministerial, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Luis Castillo en diálogo con LA PRIMERA rechazó lo dicho por éste en contra de algunos dirigentes a los que acusó de actuar coludidos con la minera Doe Run al sostener que la decisión final de parar el día de hoy fue un acuerdo de la sociedad civil de La Oroya durante una asamblea realizada en la víspera en la cual -según dijo- los enardecidos pobladores advirtieron que lucharán hasta el final sin importarles que sus propios hijos pierdan la vida.

Pero Velásquez asegura que el problema es entre los trabajadores y la empresa, pero se pretende “pasarle la factura a todos los peruanos” buscando extrañamente que el Estado acceda, mediante la toma de la Carretera Central, a las nuevas condiciones que exige Doe Run.

Mencionó que en una reciente reunión con representantes de esta compañía minera, éstos manifestaron que si deben un millón piden un año para el pago, y si son 5 millones de adeudos, requieren de 5 años, pero el tema es que las contingencias tributarias de Doe Run ascienden a 700 millones.

El dirigente Luis Castillo aclaró que él no busca defender los intereses de la empresa, sino que como trabajador minero actúa motivado por su deseo de que nadie pierda su puesto de trabajo.

Dijo que los trabajadores de Doe Run no sólo protestarán en contra del gobierno, sino contra los funcionarios de la referida metalúrgica debido a que a más de un año y no encuentran una solución justa a la situación de la empresa y criticó que el gobierno no presione como corresponde a esta minera.

Castillo, agregó, que los trabajadores también reclaman al Ejecutivo que en caso el 27 de julio próximo la empresa minera no reinicie sus operaciones por falta de financiamiento, entonces que sea el gobierno el que ingrese y se haga cargo de su reactivación para no dejarlos sin trabajo.

Sería cerrada
Por su parte, el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez informó que Doe Run será sometida a un proceso de cierre y posteriormente a un proceso concursal si no cumple con reiniciar sus operaciones antes del 24 de julio.

Explicó que, de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso, a DRP le dieron diez meses para reiniciar sus actividades fecha que vence el 24 de julio y dijo que en ese tiempo la empresa ha incumplido “sistemáticamente” sus compromisos.

Mencionó que esta empresa solicitó al gobierno que se modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, a fin de blindar a los accionistas y empresas afiliadas ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

En segundo término solicitan el fraccionamiento de su deuda con el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que supera los 760 millones de soles.

El tercer punto solicitado por DRP es que se reduzcan los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre y el cuarto tema de su agenda es la exoneración de todas las multas impuesta por Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los 10 meses.

A su turno, Salazar precisó que la Policía Nacional actuará en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ministerio de Justicia.

Gobierno ha sido muy complaciente
En tanto la Red Muqui, Red Uniendo Manos Perú, Asociación Filomena Tomaira Pacsi y el Movimiento por la salud de La Oroya acusan directamente de esta situación a la empresa minera Doe Run y consideraron inaceptables los requerimientos solicitados por ésta como la exoneración de las multas, que se le dispense del pago de impuestos que ascienden a 700 millones de soles y otros. Sin embargo, también critican al ministerio de energía y Minas por emitir el decreto supremo 032.2010 que ha reducido del 100% al 20 % los montos de garantías a depositar en un fideicomiso que asegure el cumplimiento del último proyecto del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama) que Doe Run debió concluir en enero del 2007.

Asimismo, dijeron que llama la atención la complacencia con que actúa el gobierno con una empresa minera-metalúrgica que incumple con sus compromisos y nunca brindó condiciones dignas de trabajo.

Asimismo, exigieron que la Sunat cumpla con el cobro de la deuda que posee esta empresa como lo haría con cualquier otra.

DETALLE
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, presentó vías alternas para evitar el caos en la Carretera Central, la primera es la comprendida entre Huara, Sayán Oyón, Ambo y Río Seco, con 339 kilómetros ya esta chequeados por los técnicos del sector. La segunda vía es Lima, Canta Huayay con una variante Huaraz Acos Huayay, una tercera vía, estaría destinada exclusivamente para vehículos menores y camiones pequeños, y es la que conecta Cañete, Lunahuaná hasta el desvío de Yauyos, pasa por Chupaca y llega hasta el mismo Valle del Mantaro, en la ciudad de Huancayo.