Pese a las promesas de la entidad para combatir el lavado de dinero, los fiscales italianos no están convencidos por las acciones de la misma.
El Vaticano ha tomado medidas para cumplir con las estrictas normas europeas e internacionales sobre lavado de dinero y financiación de terrorismo después de una investigación de la justicia italiana.
En semanas recientes, el banco ha formulado promesas por escrito y personalmente de que establecerá leyes para combatir el lavado de dinero, denunciar e investigar transacciones sospechosas, identificar a los clientes ante las autoridades policiales y crear una autoridad especial para verificar su cumplimiento.
Pero los fiscales no están convencidos en absoluto. Sostienen que mientras el banco formulaba dichas iniciativas, trasgredió la ley tratando de transferir fondos sin identificar al remitente ni al destinatario, o para qué se usaba el dinero.
La fiscalía investiga al presidente del banco, Ettore Gotti Tedeschi, y al vicepresidente Paolo Cipriani, mientras la policía financiera se incautó de 23 millones de euros (30 millones de dólares) de una cuenta del banco del Vaticano el 21 de septiembre.
La Santa Sede reaccionó indignada, insistiendo en que la omisión de datos fue sólo un “malentendido” que podía aclararse fácilmente. Intentó levantar la incautación, pero la justicia se negó.
Ahora el Vaticano se ha comprometido ante las instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de dinero, dijeron funcionarios de dichas dependencias.
Funcionarios del banco del Vaticano han enviado una promesa por escrito a la Fuerza de Tareas de Acción Financiera -el organismo con sede en París que elabora legislación para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo- de hacer lo que sea necesario para cumplir con sus normas, dijo un funcionario allegado a ese grupo.
La Fuerza de Tareas requiere que el Vaticano apruebe una ley que caratule el lavado de dinero como delito, que establezca una entidad para denunciar transacciones sospechosas y las investigue, y que apruebe una ley que requiera al banco identificar a sus clientes y hacer accesible dicha información a las agencias policiales, dijo el funcionario.
Con información de "Perú 21"
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