lunes, 24 de enero de 2011

Walter Gutierrez Es inconstitucional no presentar información de ingresos y patrimonio de candidatos

Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima opinó que la omisión de presentar información sobre el patrimonio e ingresos económicos de los candidatos a la presidencia y al congreso es una conducta claramente inconstitucional y antidemocrática.

Por ello, agregó,debería merecer el rechazo de la opinión pública y al mismo tiempo la adopción de urgentes medidas del Jurado Nacional de Elecciones.

Sobre el punto Gutiérrez precisó que el derecho a la información que tienen los electores, garantizado por la Constitución, no se refiere sólo a sus planes o propuestas políticas o a su hoja de vida profesional y laboral, sino que también incluye su información económica, es decir, su patrimonio y sus fuentes de ingreso.

No se trata, dijo, de una información menor, en la medida en que dichos postulantes aspiran a conducir el Estado y a aprobar y gestionar el Presupuesto de la República, que asciende a 88 mil millones de soles.

El ex decano indicó que el derecho a la información de los electores se funda en la necesidad de transparencia, y al mismo tiempo constituye una forma de control ciudadano en el proceso electoral.

“La ausencia de este nivel de participación de la sociedad, en el proceso electoral, es peligrosa para la consolidación de una sociedad democrática, pues genera una antesala propicia para futuras conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promueve políticas de intolerancia. Si en su condición de candidatos, no están dispuestos a revelar esta información, que podemos esperar cuando ya sean elegidos”, dijo.

Gutiérrez agregó que el derecho a la información integral es un derecho fundamental de los electores, reconocido como un estándar de derechos humanos por la Comisión IDH, y que por lo tanto los Estados están obligados a garantizar.

Además, indicó, que la propia Corte IDH ha reconocido que los hombres públicos consciente y voluntariamente han decidido someterse al escrutinio público, incluso en el ámbito económico.

Finalmente, dijo que el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano obligado a hacer cumplir este derecho, y que en la práctica no lo está haciendo.

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