Parlamentarios de diversas bancadas denunciaron que el Congreso, dominado por el APRA y sus principales aliados, carece de voluntad de revisar los decretos de urgencia 001 y 002 dados por el gobierno para entregar 33 megaproyectos de inversión, por lo que exigieron derogar lo antes posible estos dispositivos.
En diálogo con LA PRIMERA, el vocero nacionalista Daniel Abugattás señaló, sin embargo, que su bancada dará batalla para la derogación de los decretos. En tal sentido recordó que el nacionalismo presentó hace una semana un proyecto de ley para anularlos.
“Estamos buscando entre los representantes de los demás grupos, en la Junta de Portavoces, las firmas necesarias (el 70%) para dispensar al proyecto del dictamen de la Comisión de Constitución, de manera que la derogatoria sea vista de inmediato por la Comisión Permanente”, refirió.
Congreso paralizado
Por su parte, el congresista de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, sostuvo que el artículo 91º del Reglamento del Congreso permite anular cualquier norma legislativa emitida por el Ejecutivo que no sea justificada por una situación extraordinaria e imprevisible, que signifique un peligro inminente para el país.
“La ejecución regular en la concesión de los 33 megaproyectos no genera un peligro para la economía ni las finanzas públicas, por lo que lo único que se entiende es la necesidad de hacer negociados”, anotó.
En tal sentido, demandó al Parlamento no abdicar de sus funciones fiscalizadoras y revisar los inconstitucionales decretos de urgencia para privatizar en todo el país puertos, aeropuertos, carreteras, centrales hidroeléctricas, redes de banda ancha y fibra óptica. “Entiendo que el Congreso los últimos días esté un poco paralizado, pero eso no es motivo para dejar de ver temas tan importantes para los intereses del país”, indicó.
Inconstitucionalidad
Lescano dijo que presentará a más tardar el lunes próximo una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos ante el Tribunal Constitucional (TC) bajo el argumento que no responden a una necesidad extraordinaria ni urgente que justifiquen su ejecución. “Necesito que el 25% de parlamentarios, es decir, 30 legisladores, tomen conciencia de la gravedad de estos dos decretos y apoyen la demanda porque el proceso de concesión de los megaproyectos debe cumplir todos los procedimientos legales; en especial, si se trata de obras que significan compromisos de inversión por 2 mil millones de dólares”, afirmó.
Explicó que el artículo 5 del decreto de urgencia 001 señaló la exoneración de la obligación en la entrega de las certificaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para la obtención de las autorizaciones.
“Es un escándalo que el gobierno pretenda atropellar requisitos prioritarios y elimine la presentación de los estudios en la etapa inicial del concurso de licitación y recién lo exija cuando se está ejecutando el proyecto, lo cual traerá faenones en los últimos meses del régimen aprista”, expresó.
El congresista recordó que el decreto 002 agregó a la lista el proyecto “energía de Nuevas Centrales Hidroélectricas” sin dar mayores precisiones, por lo que se confirmaría que esa medida ampararía la millonaria inversión de la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) para la realización de la Central Hidroeléctrica de Inambari.
“Si el Ministerio de energía y Minas consideraba imprescindible la presentación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para otorgar una concesión; entonces resulta ilógico que en el Consejo de Ministros, a través de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ratifique estos polémicos decretos y retire este requisito solo por acelerar las asociaciones público–privadas”, declaró Lescano.
Con información de "La Primera"
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