sábado, 4 de junio de 2011

Jefe de Dirandro niega espionaje telefónico contra candidato presidencial

El jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), Carlos Morán Soto, negó que esta unidad policial realice prácticas de interceptación telefónica ilegales y dijo estar dispuesto a someter a una auditoría a los equipos de escucha para comprobar la transparencia con que actúan.

“En la Dirandro no se practican interceptaciones telefónicas ilegales. Éstas tienen que contar con una autorización judicial motivada y tramitada previamente por el fiscal del caso”, señaló en conferencia de prensa.

La conferencia de prensa fue brindada tras la publicación, en un diario local, de una información según la cual el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, y sus colaboradores, habrían sido víctimas de espionaje telefónico desde la DINANDRO.

Morán agregó que la ley sólo otorga la facultad de escucha al fiscal, en especial en casos de delitos graves, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, secuestros, tráfico de personas, corrupción, entre otros.

“Para ello es necesario que la compañía operadora de telefonía tenga que abrir su base de datos y el fiscal es la única persona que puede programar los números que son el blanco objetivo”, explicó a la prensa.

El oficial precisó que el sistema de interceptación telefónica tiene un doble control: legal y técnico, y descartó que sea posible recibir intromisiones de personas o de software extraños.

Además, mencionó que el equipo policial sólo puede escuchar, hacer un resumen de las conversaciones y, de acuerdo a un procedimiento técnico, grabar el audio que posteriormente pasa a formar parte de la cadena de evidencias materia de un proceso judicial.

Autorización

Por su parte, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, agregó que las escuchas telefónicas sólo se hacen a personas que están fuera de la ley y previa autorización del Poder Judicial.

“El Ministerio Público no intercepta teléfonos de personas civiles que no son materia de investigación y no tienen previamente autorización del juez”, dijo.

Como prueba de ellos, el magistrado precisó además que el sistema cuenta con seguros que impiden introducir un número si es que no se tiene abierto el canal de las empresas de telefonía.

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