jueves, 28 de julio de 2011

Asamblea de Regiones destaca inclusión social como prioridad de nuevo gobierno

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Vladimir Cerrón, resaltó hoy la inclusión social como tema prioritario y central de la administración del flamante presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.


“Respaldamos totalmente que se haga ese tipo de inclusión y que puedan resanarse algunas heridas que han quedado en el país, y que han quebrado a los diferentes sectores sociales”, declaró a la Agencia Andina.

Agregó que ese bienestar e inclusión social solo será posible cuando exista una democratización de la economía, de tal forma que la riqueza generada por el capital privado, así como la inversión pública, pueda llegar a los sectores históricamente postergados del país.

En tal sentido, respaldó que el gobierno de Humala lleve adelante todas las medidas necesarias para alcanzar objetivos de carácter social, porque sería el cumplimiento efectivo de la promesa ofrecida durante la campaña electoral pasada.

“Si es que los beneficios de la economía no le llega a las regiones y a todos los pueblos, es una utopía hablar de inclusión social”, subrayó.

Cerrón destacó, además, la importancia de la institucionalización de la ANGR para evaluar temas de descentralización pública.

En su calidad de titular de esa asamblea, el también presidente de la Región Junín afirmó que existe un respaldo unánime de los 25 presidentes regionales del país en aplicar un tributo a las sobreganancias mineras.

Añadió que ese punto ya fue discutido ampliamente entre los integrantes de la Asamblea, y acordaron respaldar la aplicación de impuestos a las ganancias de las decenas de compañías de extracción mineral.

“El respaldo en este caso es de carácter unánime, eso ya se ha discutido. Lo que no es respaldo unánime, pero sí mayoritario, es la redistribución del canon (…) ese el sentir de 18 presidentes regionales”, precisó.

Explicó que la mayoría de regiones considera que la redistribución del canon debe hacerse atendiendo a los indicadores de pobreza en cada jurisdicción, y no necesariamente se distribuya en la región de origen del mineral, donde los niveles de postergación social no son mayores.

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